Los pasados 16 y 17 de octubre, México fue nuevamente revisado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual externó su preocupación.
A principios de marzo, el gobierno mexicano aceptó 262 de 264 recomendaciones hechas en el marco del examen periódico universal sobre el respeto de los derechos humanos. Como resultado de las recomendaciones el Estado Mexicano se comprometió a reducir la desigualdad social y de género, proteger los derechos humanos, atender y castigar al crimen y la violencia que afecta al país.
La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue recurrente en la necesidad de terminar con la impunidad en los asesinatos y desapariciones de personas, crear un mecanismo contra la impunidad, atender ,y defender a las víctimas de la tortura; además de las 57 recomendaciones sobre derechos y violencia feminicida.
Laura Reyna, internacionalista y politóloga, explica que no es la primera vez que México es evaluado o recibe recomendaciones en materia de derechos humanos, asegura que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se aceptaron de la misma forma las recomendaciones; sin embargo, señala que el problema no se soluciona con la sola aceptación de las mismas.
Reyna explica que la responsabilidad de atender las recomendaciones no es únicamente del Gobierno Federal, sino que se debe de poner una línea a los gobiernos locales, sobre todo porque en la mayor parte del país gobierna el mismo partido, el del presidente.
Alfredo Lecona, penalista y activista político, expone que la recomendación 89 establece que México debe hacer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad; sin embargo, López Obrador constantemente tiene un discurso agresivo contra los órganos independientes, y los que existen y por ley deben ser independientes, como la Fiscalía General de la República, en realidad no lo son.
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Los días 25 y 26 de abril, el Gobierno de México fue objeto una revisión por el comité contra la Tortura, órgano de las Naciones Unidas. En esa reunión, efectuada en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana estuvo conformada por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado e integrantes de la FGR, de la Sedena, de Gobernación y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín.
El Comité Contra la Tortura de la ONU reprobó a nuestro país, porque la delegación mexicana no pudo responder a acusaciones como:
1.- Integrantes de las Fuerzas Armadas que han sido acusados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no han sido investigados.
2.- El índice de impunidad en caso de tortura es alto.
3.- El arraigo sigue estando contemplado en la legislación mexicana, pese a que la ONU ya ha solicitado al Estado Mexicano eliminarlo.
4.- No hay reformas legislativas y estructurales en la política migratoria para dejar de detener a migrantes y solicitantes de asilo y refugiados de manera generalizada y sistemática.
5.- No hay un plan de desmilitarización de la seguridad pública y sí, por el contrario, se creó la Guardia Nacional.
6.- No se ha implementado un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad.
7.- No se han atendido las resoluciones que este comité emitió en 2015 al hacer responsable de tortura contra cuatro personas.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el Poder Ejecutivo, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaro que esa secretaría se convertiría en defensora de los derechos humanos, pero Lecona asegura que eso es preocupante porque favorecería la politización de los derechos humanos.
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