Tras el fallido operativo del pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha exhortado al gobierno de López Obrador a que destituya a Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha levantado la voz en torno a los hechos ocurridos el pasado jueves, para exigir que el Gobierno Federal garantice la seguridad a la ciudadanía y no tema hacer uso legítimo de la fuerza contra los criminales.
Gerardo López, consejero de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, explica que la estrategia de seguridad comandada por el presidente de la República ha resultado fallida, lo cual es grave porque incluso logró una reforma a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional, y a pesar de ello no está dando resultados, principalmente porque parece que esta fuerza policial tiene la orden de no utilizar las armas.
Durante el operativo fallido del pasado 17 de octubre en Sinaloa, se dieron diferentes versiones de lo sucedido, lo cual dejó expuesta la mala organización y comunicación entre el Gobierno Federal y el Gobierno local. En sus primeras declaraciones, el secretario de Seguridad de la entidad, Cristóbal Castañeda, aseguraba que no tenía informes de que se había hecho alguna detención y que el problema estaba en la fuga de 49 reos del penal de Aguaruto; sin embargo, un par de horas después se confirmaba la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.
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Ante esta situación, Gerardo López asegura que mientras el crimen sí se encuentra bien organizado, el Gobierno se encuentra desorganizado; ejemplo de ello es una versión del secretario de la Defensa, quien dijo que fue la policía local la que llevó a cabo el operativo, versión que, asegura Gerardo, es falsa, pues en las imágenes que circularon por internet se observa a los militares ingresar al inmueble donde se detuvo a Guzmán López.
Ante el anuncio del presidente López Obrador de que tuvieron que liberar al hijo del “Chapo” para evitar un derramamiento de sangre, el consejero de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, explica que esa decisión fue lamentable, pues por primera vez en la historia de México el Gobierno cedió ante la fuerza mayor que exhibieron los grupos criminales, por lo cual, los delincuentes podrán asumir que si toman de rehén a la población el gobierno siembre cederá, y aseveró que la 4T no debe de combatir al crimen de esa forma.
A través de un pronunciamiento, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos exhortó al Gobierno Federal a restructurar su estrategia de combate criminal y a sustituir al secretario Alfonso Durazo.
Gerardo López puntualizó que Durazo debe renunciar y, paralelamente, se debe investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que negociaron la liberación del criminal, como lo indica la ley.
Además, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, haga valer su discurso en el sentido de que no debe estar “nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley; todo por la razón y el derecho”.
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