Antes incluso de la publicación de la adición a la Ley General de Salud que establece el derecho a la objeción de conciencia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya había mencionado que dicha adición era discriminatoria, aseguró Rigoberto Ortiz, Catedrático de la Universidad Pontificia de México.
A su vez, Alberto Patiño, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) anunció que promovería una acción de inconstitucionalidad contra el añadido artículo 10 bis de dicha legislación.
Diversos académicos consideraron que los organismos que tienen la obligación de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, como Conapred y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son los principales “objetores” de la objeción de conciencia, que es un derecho humano fundamental.
Rigoberto Ortiz advirtió que Conapred había señalado que la objeción de conciencia se opone a la capacidad del Estado de asegurar el derecho a la salud, no obstante, destacó que con la práctica del aborto en el Ciudad de México se han terminado con miles de vida humanas, desde su despenalización, ocurrida en 2007.
Además, cuestionó la beligerancia de la CNDH, al controvertir todos los Códigos Civiles en aquellos estados de la República en los que se reconoce al matrimonio entre un hombre y una mujer. Subrayó que en este tipo de acciones legales se erogan recursos públicos y cuestionó la prioridades del organismo en la defensa de los derechos humanos en México.
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Por otro lado, indicó que la humanidad nunca había presenciado una revolución tan “frívola” pero de efectos tan nefastos para la sociedad como todos estos cambios culturales, dados a partir de 1968 y que el Papa Benedicto XVI identificó como la “dictadura del relativismo”.
Por su parte, Javier Saldaña Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, indicó un par de argucias para descalificar ante el público la objeción de conciencia. Basado en el tono de notas periodísticas, señaló que en una de ellas Conapred advertía que la objeción de conciencia obstaculizaría el derecho a la salud, lo que genera la expectativa de que dicha ley no debía prosperar.
La segunda es la descalificación en razón de que la objeción de conciencia derivaría de la imposición de un concepto religioso. Lo anterior lo ejemplificó con una nota periodística, que suponía que el Partido Encuentro Social (PES) había impuesto su credo religioso en una ley.
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Estas aseveraciones confunden lo esencial con el accidente, un hombre o mujer de fe puede invocar la objeción de conciencia, pero cualquier otra persona también puede hacerlo. Lo central, dijo, es su humanidad; y sus creencias son mero accidente, pues la objeción de conciencia puede darse por motivos axiológicos y no puramente religiosos.
Saldaña enfatizó que, siendo la objeción de conciencia un derecho humano, atacarlo “es una agresión al estado democrático”.
Explicó que este derecho deriva de la libertad de conciencia, que protege los valores de la persona y que va unido a la libertad de pensamiento, así como a la libertad religiosa que implica la relación con Dios.
Consideró además que con base en la ratificación del Pacto de San José, hecha por el Senado en 1981, el derecho a la objeción de conciencia ya estaba incorporado a nuestro sistema jurídico desde entonces, y manifestó que el articulo 10 Bis de la Ley General Salud no es la primera norma sobre el tema, ya que antes existían un par de legislaciones locales en Jalisco y la Ciudad de México, relacionadas con el aborto; además de la reforma de 2012 al artículo 24 constitucional.
Por último, Alberto Patiño aclaró que al invocar la objeción de conciencia, no es que se confrontan un interés privado con el interés público, como podría ser la salud, sino que al contrario, se trata de un par de intereses públicos “de máximo rango”, la libertad de conciencia y el derecho a la salud. Mencionó que esta adecuación legal pone a México en línea con otros países occidentales.
