En uno días estarán en el debate de las Cámaras de Diputados y de Senadores las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) enviadas por el presidente López Obrador a la primera de estas, en donde destaca en la polémica la referente a la llamada reforma al Poder Judicial.
Y, a no ser que los integrantes del Tribunal Federal Electoral (Trife) le enderecen la planta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual ya se entregó a los brazos de la 4T y les ha concedido una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que los ciudadanos no les otorgamos en las urnas, en los primeros días de septiembre se estaría discutiendo, y sin duda aprobando, la propuesta del presidente en materia judicial.
Claro que se puede afirmar que el Poder Judicial que hoy se tiene no es lo ideal, que la procuración y la administración de justicia que tenemos los mexicanos no son confiables y que se necesita una reforma en materia de justicia.
Pero debemos partir de la consideración de que la procuración y la impartición de justicia son acciones que evidentemente están entrelazadas y que necesitan una de la otra para funcionar adecuadamente para los mexicanos.
¿Por qué la iniciativa del presidente López no toca el tema de la procuración de justicia y solo la impartición? Pues para mi es claro que la intención que se tiene desde el gobierno de la 4T no es una reforma adecuada y necesaria, sino otras intenciones oscuras que se avergüenzan de confesar públicamente.
Con datos de las organizaciones ciudadanas Impunidad Cero y México Evalúa sabemos que: en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4% se denuncian; de ellos, de cada 100 denunciados ante las fiscalías respectivas, solo el 4% son consignados ante la autoridad Judicial correspondiente; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven, esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. Y en Baja California la situación no es sustancialmente mejor, pues solo el 7.8% de los delitos se denuncian y tan solo se resuelven el 1.26% de ellos.
Pues como vemos una reforma al sistema de justicia es urgente.
Pero no la reforma propuesta por el presidente, pues quitarle la autonomía al Poder Judicial mediante la designación de Jueces, Magistrados y Ministros mediante votación popular, no es la solución. Dicen desde Palacio Nacional que la corrupción es tanta en el Poder Judicial que se necesita renovar a sus integrantes, pero repito, su elección mediante voto popular no garantiza que en esos cargos se ubiquen personas intachables, es más seguro que lleguen personas incompetentes, corruptas y con compromisos.
Una buena reforma, una que sirva a los mexicanos, debe comenzar por realizar las acciones suficientes y necesarias para que se tenga tal confianza en el sistema que todo delito sea denunciado por las víctimas, del tamaño que este sea.
Una reforma que logre que las fiscalías tengan tal eficiencia que ese 96% de asuntos que se quedan en sus archivos sin consignación, esa cantidad enorme de asuntos a los que no se les procura justicia, la tengan. Hay que recordar que la procuración de justicia en México es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Judicial, y que éste puede conocer sólo los asuntos que las fiscalías le llevan.
Se necesita una reforma al sistema judicial que incremente la impartición de justicia por la eficiencia de la parte denunciante y de la juzgadora. ¿Cuántos juicios se quedan sin resolver porque la parte acusadora, las fiscalías pues, no son eficientes o simplemente por corrupción se “arreglan” con alguna de las partes?
Es mi opinión, la reforma al poder judicial propuesta por el presidente no sirve, solo va a agravar las cosas.
Ahí que las verdaderas razones que desde el gobierno se tienen para hacer la pretendida reforma son oscuras y mal intencionadas, pues sólo pretenden controlar al Poder Judicial, tal y como se hace en países con gobiernos no democráticos sino dictatoriales.
Se corre el peligro que no solo desde la 4T, apoyados en las urnas por sus seguidores se impongan a juzgadores sin capacidad, sino verdaderos cómplices del gobierno y porque no sospecharlo, del crimen organizado.
Es momento de que desde la sociedad civil se levante la voz, nos están robando el futuro y nos estamos quedando callados.
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