En toda economía que verdaderamente se considere sana, el balance entre necesidades en el gasto y los ingresos sean equilibrados, desde luego quedando un remanente suficiente que nos permita enfrentar los imprevistos y afianzar la economía hacia el futuro.
Esto aplica tanto para economías familiares como para cualquier empresa, y desde luego para la administración pública. De no planearlo así, tiene sus graves consecuencias.
Bien sabemos que cuando en nuestra economía familiar se gasta más dinero del que ingresa la única solución inmediata para salir adelante es utilizar créditos, es válido, pero también sabemos que en ese caso será urgente hacer arreglos en nuestros gastos para poder cumplir con el pago de los créditos en tiempo, pues de no hacerlo así, corremos el riesgo de que la deuda se vuelva tan grande que se haga impagable y tendríamos que vender bienes muebles o inmuebles empobreciendo a nuestra familia.
En el caso de las empresas, cuyo principal objetivo es que sea generador de riquezas tanto para los propietarios como para los trabajadores o colaboradores, y que, si la misma no las produce, nuestra empresa está destinada al fracaso y en consecuencia su desaparición. Por ello, ser sujeto a créditos para poder sobrellevar eventualidades o inversiones extraordinarias es fundamental para el éxito de esta.
En materia de administración pública, sea del orden municipal, estatal o federal, debe entenderse como el conjunto de actividades orientadas a implementar las políticas del Estado, facilitando el contacto entre la ciudadanía y el poder público en áreas de interés común como la salud, la educación, la cultura, la seguridad y los servicios públicos. A diferencia de la administración privada, que tiene como objetivo el beneficio económico para el empresario, accionista y colaboradores, la administración pública debe brindar servicios a la comunidad. Por ello, contar con una administración económicamente equilibrada es fundamental, pues de no ser así, los servicios públicos fundamentales estarán en riesgo.
La pasada administración federal encabezada por el entonces presidente López Obrador, nunca entendió estos conceptos y la economía del poder público se vio seriamente mermada, con información de la internacional CEIC Data, sabemos que la deuda pública en México pasará de 53.6% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 a 60.9% al cierre de 2024. Y tal parece que el actual régimen tampoco le entiende a eso de la administración pública.
El gasto público se dirigió no a la función principal de todo gobierno, que como dije renglones antes es llevar servicios públicos, educación, cultura, seguridad y salud a los ciudadanos, dando prioridad a las popularmente llamadas “obras faraónicas” del sexenio, como la refinería de Dos Bocas, que pese al costo multimillonario y ha haber sido inaugurada no refina ni un solo tanque de combustible, o el “premiado” aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cuyos pasillos y terminales aún lucen prácticamente vacías, o la histórica empresa Mexicana de Aviación que se considera logrará emparejar gastos e ingresos hasta el 2030, o el Tren Maya, que también sabemos estará teniendo pérdidas económicas por muchos años más y cuya construcción causó un gran daño ecológico para casualmente pasar por propiedades de connotados funcionarios la 4T.
En estos y otros proyectos fracasados se han ido miles de millones de pesos de presupuesto público durante el sexenio pasado, no sin antes servir para actos de corrupción.
Y en el 2025 el panorama económico en la administración pública no pinta nada bien, el presupuesto entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados contempla serios recortes en materia de salud, educación y seguridad, además de que con la cantaleta de generar ahorros, los Diputados cuatroteros han aprobado la desaparición de los llamados Órganos Autónomos poniendo en riesgo la competitividad, la transparencia, la educación y la regulación energética.
Solo para poner un ejemplo de lo lejano que estaremos de poder tener en México un sistema de salud digno, para el 2025 los recursos destinados a salud caerán 11% a 918,447 millones de pesos, equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), su menor nivel desde el 2019, cuando llegó la pandemia del Covid-19. Además, continuará muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que a salud se dedique el 6% del PIB.
Eso sí, el gasto en el pago de la deuda pública volverá a ser como en 2023 y 2024, muy superior al gasto público en materia de salud, educación e inversión, elementos necesarios para que el gobierno pueda cumplir con su función de ser una adecuada administración pública.
Y como si viviéramos en un país muy tranquilo y seguro, el recorte presupuestal para 2025 se contempla será de 35 mil millones de pesos en seguridad pública. Ahora sí que ¡viva México…!
En mi opinión, una buena administración pública se refleja en los satisfactores sociales, no en el dinero que se pueda regalar a la gente, sino en la calidad de los servicios públicos como salud, educación y seguridad, así como su capacidad de garantizar los derechos humanos. Sin duda, los gobiernos de la 4T nos están quedando a deber a los mexicanos.
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