El Jurista Jaime Cárdenas Gracián, en su libro “Una Constitución para la Democracia”, señaló: “Todo Estado de derecho debe contar al menos con los siguientes elementos: primacía de la Ley, sistema jurídico de normas, legalidad en los actos de administración, separación de poderes, protección y garantía de los derechos humanos, y examen de constitucionalidad de las leyes”.
Lamentablemente en nuestro querido México, en los últimos años, poco a poco hemos ido perdiendo todas y cada una de las condiciones señaladas, y, además, pareciera que la sociedad está conforme con que se esté perdiendo el Estado de derecho en la vida cotidiana, como si no nos diéramos cuenta de que ello nos puede llevar a vivir bajo el régimen de un gobierno totalmente arbitrario y dictatorial.
Para dar sustento a mis afirmaciones, me permito traer a colación sólo algunos de los muchos hechos que ejemplifican lo que señalo.
Desde aquel día 1 de septiembre de 2006 en que López Obrador gritó a todo pulmón su ya famosa frase “al diablo las instituciones” como un rechazo a las decisiones de corte legal que se habían dado en diversos organismos electorales que no favorecían a sus intereses, debió quedarnos claro que con la autollamada “cuarta transformación” no se respetaría el Estado de derecho.
A partir de ahí, la lucha de la 4T por desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) se volvieron cosa de todos los días, así como a toda aquella institución oficial que pusiera en peligro el alcance de sus ambiciones.
Hoy en día, en forma estratégica, tanto el INE como el TRIFE han perdido su autonomía e independencia del poder ejecutivo, a grado tal que con artimañas e interpretaciones piteras de estos organismos, la 4T se hizo de la mayoría calificada en las cámaras del poder legislativo, y ya con ella en la bolsa, iniciar la destrucción legal de los organismos autónomos que pudieren hacerles algún contrapeso, y lo más grave, del Poder Judicial.
Así es como estamos siendo testigos de la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y otros organismos que podían detener los avances de sus intereses. Literalmente, están mandando al diablo a las instituciones.
¿Cuántas veces hemos sido testigos de los desacatos de quienes detentan el poder ejecutivo, hoy en manos de la 4T, de las resoluciones tomadas por diversos Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial, cuando no convienen a sus intereses? Como cuando desde la presidencia de la República se desobedeció un Amparo que les obligaba a retirar del Diario Oficial de la Federación la llamada reforma al Poder Judicial, respondiendo con una modificación a la Ley de Amparo para establecer que esta figura legal sea improcedente en reformas constitucionales, violando la no retroactividad de la ley y con ello el estado de derecho.
¿Cuántos actos de autoridad se toman sin respetar las normas de la materia? Como ocurrió en la construcción del llamado Tren Maya cuando no se respetó lo dispuesto en las leyes y reglamentos en materia ecológica y se cometió un ecocidio en la región de la selva de la península de Yucatán, todo por un berrinche presidencial y que por lo que se conoce cada día más parece ser un negocio familiar.
Es un hecho que la división de poderes se ha perdido en nuestro país, pues con la mayoría calificada de la 4T en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, conseguida en forma ilegal, y con diputados y senadores al servicio de la voluntad de la presidente, en donde no hay libertad de voluntad, de pensamiento y de acción de estos representantes populares, y con la destrucción del Poder Judicial en proceso, el único poder existente es la voluntad y la decisión unilateral de la presidente Sheinbaum. Estamos dejando de ser una República democrática y representativa como lo refiere el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución).
Por otro lado, la evidente alianza del partido en el poder con el crimen organizado ha debilitado a México en sus relaciones con otros países, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica (USA), lo que habrá de tener serias consecuencias para los mexicanos, pues más allá de la inseguridad pública que ya vivimos, también estamos ahora en una continua y creciente incertidumbre económica.
Pues ante esto, la respuesta patética de la presidente Sheinbaum vuelve a golpear al estado de derecho, pues ha convocado a una asamblea popular en el Zócalo de la Ciudad de México para “tomar decisiones”, dijo. Dejando de lado las obligaciones que le marca Constitución y tomar esas decisiones y en consecuencia las acciones pertinentes con el Congreso de la Unión, que es el otro Poder que tiene facultades en la materia. En la 4t prefieren el camino del populismo que el de las leyes.
En mi concepto, sin el ejercicio de un real estado de derecho la República tiende a desaparecer para convertirse en un estado totalitario, y México va en ese camino. Hacia allá nos lleva la 4t con sus acciones, pero lo más lamentable es que tenemos una sociedad cayada, pasiva, que se limita a la queja y la burla en las redes sociales, pero que no se organiza para actuar en consecuencia.
Que no lloremos mañana nuestras omisiones actuales.
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