Las personas, hombres y mujeres, que en camiones recogen de los vecinos sus entregas de basura, no reciben salario, su único ingreso son las gratificaciones que la gente les entrega. Este hecho, que vemos todos los días en la Ciudad de México, se da en las ciudades de la mayor parte del país. Inconcebible, pero así sucede y las autoridades no remedian esta grave injusticia.
Esos trabajadores son puntuales en el trabajo y los sanciona si faltan injustificadamente a desempeñar sus servicios. La sanción suele consistir en suspenderlos en el trabajo por cinco, ocho o más días. También ocurre que se les despide del empleo. El castigo les quita la oportunidad de recibir las limosnas, las gratificaciones que los vecinos les dan cuando entregan su basura.
La Constitución de la República en el artículo 5o. dispone que a quien trabaja le corresponde una justa remuneración. De las gratificaciones comen los trabajadores y tiene comida sus familias. Las urgentes y grandes necesidades de esos trabajadores los llevan a entregar su trabajo sin exigir un contrato, o un nombramiento de la autoridad.
Esos trabajadores tienen dos derechos humanos comprendidos en el artículo 1o. de la Constitución, el derecho al trabajo y el derecho al salario. En la ley burocrática se establece que para ser trabajador al servicio del Estado, como lo son estos trabajadores, se requiere tener nombramiento expedido por la autoridad o figurar en las listas de raya. Con estos trabajadores no hay ninguno de los dos supuestos, pero es un hecho evidente que trabajan para la autoridad recogiendo la basura de la población; son trabajadores de esa autoridad.
Nadie, con razón, puede decir que esas personas no son trabajadoras, tan lo son que todos los días participan en la tarea de recoger la basura de los vecinos del barrio, de la colonia, de la población. ¿Qué harían las autoridades municipales o de los Estados si en algún momento esos trabajadores se negaran a recoger la basura hasta que se les pagara su salario?
La falta de nombramiento o la no aparición en la lista de raya, no les quita a estas personas su calidad de trabajadores. Esa omisión es responsabilidad de las autoridades. El salario es un derecho humano que nadie debe arrebatar a los trabajadores. Las autoridades tienen aquí un reclamo de justicia que deben atender.
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