La creación de una Asamblea Constituyente se estipuló en el decreto de reforma política para la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, decidida por acuerdos entre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el presidente Peña, algunos partidos políticos y miembros del Poder Legislativo federal afines a esta consigna.
La conformación de la Asamblea Constituyente fue solventada parcialmente por voto popular, pero sólo por el principio de representación proporcional y sobre una lista plurinominal de candidatos, llevada a cabo el domingo 5 de junio de 2016, a cargo por el Instituto Nacional Electoral (INE) y no por el Instituto Electoral del Distrito federal (IEDF), quien tendría la natural misión en esta entidad.
Posteriormente se prefirieron 14 diputados y 14 senadores, con los dos tercios de votos en sendas cámaras, para concluir con la imposición inédita y antidemocrática, carente de convocatoria y transparencia, de 6 diputados designados ARBITARIAMENTE por el Presidente de la República y otros seis por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, durante el mes de septiembre de 2016, fuera de toda consulta, sin información previa sobre los nunca propuestos y después designados diputados de la asamblea, así como ausentes de validación de la ciudadanía o de oportunidad para participar.
Dicha asamblea, llamada constituyente, se instaló el 15 de septiembre de 2016 y debería aprobar una Constitución política a más tardar el 31 de enero de 2017. Las sesiones se llevan a cabo en la antigua sede del Senado de la República, en Xicoténcatl, pero las decisiones se toman fuera del recinto.
Esta asamblea es el órgano encargado de recibir, enmendar y aprobar el proyecto que presentó el jefe de gobierno y también será, aparentemente, quien tenga la palabra final sobre la incierta Constitución de la Ciudad de México, cosa que es imposible, por el entrampado modelo con el que pretende un resultado a la luz de la historia y traicionando la democracia.
Así que esta asamblea tiene facultades para discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto elaborado por un grupo, creado especialmente para este encaje, al margen de la participación ciudadana. En lo que resulta claro, que tal encomienda queda de espaldas al gobernado y de frente al fracaso.
Dado que la participación directa de la ciudadanía quedó ceñida a los intereses ajustados al poder ideologizante, el gobierno queda lejos de lograr un proyecto sólido, incluyente y democrático, que comprenda, entienda y valore la voz de los que convivimos en la ciudad, puesto que las maneras de participar fueron cooptadas con pactos políticos excluyentes, cobardes y ajenos a la realidad de nuestro pueblo.
La simulación de participación aprovechó y utilizó la plataforma a modo: constitucion.cdmx.gob.mx/cdmx/, donde la imprecisión de la información y la irreal posibilidad de aportar o poder cuestionar es la característica esencial; para después presentar un proyecto personal, desprovisto de vida democrática, como un proyecto de la ciudadanía.
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