En este 2024, las elecciones federales en las que los mexicanos habremos de elegir a quien en los próximos 6 años habrá de dirigir los destinos de nuestro país desde la Presidencia de la República, se encuentran seriamente amenazadas por una sucesión de acciones a todas luces ilegales atribuibles al presidente López Obrador y sus secuaces de la 4T.
Por un lado la constante intromisión presidencial desde “la mañanera” en el proceso electoral, opinando, tratando de llevar simpatizantes a su movimiento, criticando a la oposición, juzgando a los Partidos Políticos opositores y sus personajes, desafiantemente calificando de legales una serie de irregularidades ya antes señaladas por la autoridad electoral y en las que desde luego no está de acuerdo, pero lo más descarado, la presentación de una serie de iniciativas de reformas legales que a todas luces pretenden ser una promesa de entrega futura de dinero a los ciudadanos tratando de ganar adeptos para su partido político y sus candidatos, como por ejemplo la creación de las llamadas “pensiones del bienestar”.
Por otro lado, la inseguridad rampante a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional se ha vuelto una amenaza no solo para candidatas y candidatos, sino para toda la población, pues hay regiones en las que la presencia de miembros del crimen organizado ya es descarada, basta recordar el grupo armado que el pasado fin de semana detuvo a la candidata morenista en una carretera del estado de Chiapas.
Y como si todo esto fuera poco, en una forma inusitada hoy nos encontramos con una estrategia corrupta de la llamada 4T para no nombrar en el Senado de la República los espacios vacantes en el Poder Judicial y particularmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este vacío no causa daño alguno sino hasta el momento en que el TEPJF deba realizar la calificación de los resultados de la elección y el paso legal de hacer la declaración del Presidente (a) electo (a) para que el Poder Legislativo pueda entonces proceder a tomarle la protesta de ley y en consecuencia pueda asumir el cargo para el que fue electo (a) el día 1ro de octubre de este año de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pues es el caso que, en el año 1996, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión de la cual forme parte, realizó una reforma Constitucional para que ya no fueran los Diputados Electos quienes calificarán las elecciones, sino que dicho paso legal lo analizara y en su caso lo declarara el Poder Judicial de la Federación a través del TEPJF, dejando de lado las consideraciones políticas y dando paso a la certeza jurídica de las elecciones. Esta facultad se ejerce con apego a lo dispuesto en los artículos 186 fracción II y 187 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y hay que destacar que este último señala que para dicha declaración de validez se debe sesionar al menos con 6 de los Magistrados cuando actualmente el TEPJF sólo cuenta con 5.
Sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de encontrar una salida legal si llegado el plazo el Senado de la República no cumple con su obligación, tomando en cuenta que éste 30 de abril termina el período ordinario en el cual se deben de hacer los nombramientos, pero se deja una puerta abierta para que si como se espera gana la candidata de la oposición, desde el púlpito presidencial se insista en que la elección está tachada de ilegal y las consecuencias sean de pronóstico reservado.
Es mi opinión, los senadores de Morena que son mayoría no habrán de hacer los nombramientos y solo con una amplia participación ciudadana, solo a base de millones de votos, es como se pueden respaldar los resultados electorales que esperemos superen toda la adversidad a la que se enfrentan día a día con este gobierno autoritario de la 4T.
No nos quedemos fuera, participemos activamente para cambiar a nuestro querido México.
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