En días pasados hemos sido testigos de un férreo ataque del ejecutivo federal a la libertad de expresión, lo que había sido una práctica cotidiana del presidente López Obrador durante lo que va de su sexenio, en los últimos 15 días ha cobrado una relevancia nunca vista en nuestro país.
Quiero partir del texto del artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en sus dos primeros párrafos deja claro el ejercicio de este derecho para los particulares y la obligación que tiene el estado de garantizarlo. Nuestra Carta Magna a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
Y remata el artículo 7mo. de la propia CPEUM que textualmente señala: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”
Y nos ilustra en el contexto de este derecho el contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento suscrito por el gobierno mexicano desde diciembre de 1948 con la autorización del Senado de la República, que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por eso, me resulta increíble que el presidente de la República, quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, un día sí, y el otro también, en forma tan descarada viole los conceptos constitucionales con el absurdo argumento de que su calidad moral está por encima de las leyes. De plano, dijesen los jóvenes ¿¿¿WTF???
Los incidentes públicos y la absurda descalificación de López Obrador hacia Natalie Kitroeff, jefa de oficina en México del prestigiado medio de comunicación The New York Times, contra quien no solo despotrico por el solo hecho de cuestionarle y pedirle por escrito información sobre un reportaje que se esta realizando sobre un posible apoyo del crimen organizado a su campaña en 2018, sino de quien, en otra violación al estado de derecho, hizo publico su numero telefónico, dio el inicio a una serie de hechos que evidenciaron el desastre que el gobierno federal tiene en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos.
Ese ataque del presidente dio pie a una reacción de Google, que tomó la decisión de borrar de su plataforma Youtube el contenido de “la mañanera” en la que se exponía la privacidad de la reportera estadounidense pues su contenido violaba sus normas éticas de publicación. Obviamente, la respuesta presidencial fue visceral también contra este medio al señalarlos de parciales y operadores de sus enemigos políticos.
Capítulo por separado se desarrolla en el poder judicial con la demanda presentada en contra del periodista Carlos Loret de Mola por Pio López Obrador, hermano del presidente, el cual, en el ejercicio de su derecho y profesión hizo públicos unos videos en los que se exhibía al señor López recibiendo grandes cantidades de dinero para la campaña del hoy presidente en 2018. En la audiencia respectiva el demandante no pudo acreditar la falsedad del video, es más, confirmó su veracidad, pero señala que se le ha causado un daño moral y exige una indemnización de 200 millones de pesos, todo indica que jurídicamente esto no prosperará, por ello, desde el púlpito presidencial de “la mañanera”, el presidente de la república la emprendió contra el periodista y la Jueza que conoce del caso, señalando al periodista de “ser un experto en montajes” y de “estar protegido por un Poder Judicial mafioso”.
Es grave el ataque al ejercicio libre de la libertad de expresión, como grave es que al presidente le interese más descalificar al periodista que dejar en claro el origen y destino de los recursos recibidos por su hermano, pues además el hecho seguramente es violatorio de las leyes fiscales y electorales, y tal vez constituya algunos delitos penales.
Es mi opinión, que, así como ha quedado demostrado que el derecho natural al ejercicio de la libertad de expresión ha sido violado por el ejecutivo federal y está en grave peligro, con un gobierno autoritario como el que se ha instituido desde Palacio Nacional, todos los demás derechos humanos están en peligro en México.
La ciudadanía tiene la palabra, es el momento de decidir en qué México queremos vivir, ¿yo?, en uno en el que se respete el estado de derecho.
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