En pleno proceso de instauración y de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, se han estado presentando casos muy sonados de corrupción de gobernadores y de diferentes funcionarios y exfuncionarios públicos, la mayoría de los cuales se han denunciado e investigado en otros países y cuyas consecuencias han sido las de enjuiciar, encarcelar y confiscar bienes, cuentas y dinero en Estados Unidos, Brasil y España, mientras que en México, las investigaciones, los procesos y las sanciones han sido lentas o de plano no existen y algunos juicios se han perdido en tribunales por errores de trámite, por desconocimiento de la normatividad y en algunos casos hasta por protección sospechosa.
Llama la atención el asunto del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, involucrados directa o indirectamente con un narcotraficante, del cual inclusive no se tenía conocimiento pleno de sus actividades y que fue descubierto en Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas, de inmediato confiscaron bienes y cuentas del futbolista y del cantante y en México, las autoridades reaccionaron con presteza y a través del SAT procedieron a bloquear y confiscar cuentas bancarias, no solo de Márquez y de Julión, sino también de sus familiares, negocios y fundaciones sociales. Suponiendo que estuvo bien, ¿porque no han actuado en forma similar y con rapidez en otros casos similares?
En Brasil se presentó el bochornoso asunto del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, cuya investigación ha ocasionado encarcelamiento de políticos y ejecutivos del consorcio de empresas, acusándolos de sobornar a políticos y ejecutivos de otros países, entre ellos México, para obtener contratos gubernamentales. El propio presidente ejecutivo y accionista Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años de prisión por sobornos de millones de dólares a funcionarios para “…asegurar contratos inflados del gobierno…” según Marcos Troyjo de la Universidad de Columbia que estudia las economías emergentes, citado en The Washington Post, sección de El Economista.
Pues bien, según investigación del grupo Quinto Elemento Lab por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Chanic, quienes tuvieron a la vista el proceso penal 6655 radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, en el que se anota que el Director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses hizo declaraciones para reducir sus sentencias, junto con otros 78 ejecutivos y exejecutivos de la empresa, afirmando haber entregado a Emilio Lozoya Austin durante 2012, 4 millones de dólares en varias partidas, en tiempos en que Emilio Lozoya era colaborador en la Campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente, “según resúmenes de testimonios jurados”, cuando Lozoya era Director de Pemex “… le pidieron ayuda para ganar contratos en Pemex” entregándole a cambio otros 6 millones de dólares en varias partidas durante 2013 y 2014. La información incluye los importes y las cuentas en las que se depositó.
Aquí está el otro caso. Una investigación en otro país que ya tiene encarcelados y confesos a los corruptos, que involucran a un alto funcionario, con información detallada, tal vez más detallada que la proveniente de Estados Unidos sobre el involucramiento de Rafael Márquez y de Julión, pero en el caso del Director de Pémex, el SAT no ha procedido a incautarle o confiscarle bienes y cuentas, por lo menos en forma preventiva, ante las acusaciones directas y juradas contra Emilio Lozoya por supuestas entregas de dinero que, desde luego, no fueron declaradas al Fisco mexicano.
Por cierto, la constructora Odebrecht ofreció colaborar con las autoridades mexicanas, por lo que debe contar con toda la información financiera y de los juicios en Brasil para que se aclare si hubo o no corrupción.
Según Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, éste asunto de Odebrecht pudiera ser un caso para el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque él lo ve más como un caso para la Procuraduría General de la República que con ello demostraría su independencia al llevar a juicio a un alto exfuncionario cercano al Presidente de la República y aclara que el Sistema Anticorrupción no investiga, pero que, si se quiere hacer algo a fondo, no se requiere que exista ya el nombramiento del Fiscal, lo que en alguna forma está deteniendo el funcionamiento del Sistema Anticorrupción.
En fin, el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no actúa y los casos de corrupción que se están descubriendo van en aumento y con ello también aumenta la impunidad para desánimo de los ciudadanos.
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