La Iglesia es un actor importante en la vida social mexicana y tiene derecho a expresar civilizadamente su opinión; amordazarla es simple y llanamente injusto.
La reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de dos cardenales, un obispo y dos sacerdotes, tiene un claro sabor decimonónico, peca de anacrónica y supone un intento por amordazar a la Iglesia. De sobra está decir, además, que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad religiosa de los mexicanos. Por ello, la ciudadanía debería expresar su solidaridad con las víctimas de esta injusticia perpetrada por un órgano de justicia.
Los demandados tuvieron la prudencia de no decir expresamente: “no voten por Morena”, aunque, dadas las recomendaciones que daban para votar, no hacía falta ser muy suspicaz para darse cuenta de que efectivamente Morena tiene una agenda contraria a la defensa de la vida humana desde la concepción hasta su término natural, es decir, unos principios contrarios a los del catolicismo. Los pastores únicamente animaron a los fieles a ser coherentes con los valores de su fe a la hora de votar; que Morena vaya en contra de esos valores es sólo la conclusión del silogismo que los votantes estaban invitados a realizar. Si quieres ser coherente con algunos importantes principios católicos, no deberías votar por los partidos que van en contra de los mismos, Morena parece ser uno de ellos.
El Tribunal tiene razón entonces al señalar que los ministros de culto influyeron de alguna forma en el proceso electoral. Pero lo hicieron como ciudadanos. La pregunta de fondo es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que, contra los principios de la misma constitución, no todos los ciudadanos seamos iguales, es decir, haya ciudadanos de primera y unos pocos de segunda categoría? Porque no se nos trata a los ministros de culto como iguales ante la ley, sino como de segunda clase: podemos votar, pero no ser votados; no tenemos libertad para expresar nuestra opinión, ni siquiera de forma cuidadosa, respetuosa, invitando a nuestros correligionarios a ser coherentes con los principios doctrinales que dicen profesar.
Podría objetarse: “por ser ministro de culto tiene un mayor peso su opinión”. Sí, como lo tiene el futbolista o el artista de televisión en turno, que sí pueden expresar su opinión, y que muchas veces son más “influencers” que los ministros de culto. Una actriz bonita, un futbolista de talento, un político de moda, etc., tienen, muchas veces, mucho mayor eco en la opinión pública que un ministro de culto, ¿por qué entonces amordazar únicamente al ministro de culto? “Porque el Estado es laico”. No debería decirse “laico”, sino “laicista” en la medida en que no trata como lo que son, ciudadanos corrientes, a los ministros de culto. Se nos trata con disparidad, pues mientras en algunos aspectos somos “ciudadanos corrientes” –la ausencia de privilegios-, en otros no alcanzamos a ser “corrientes” y pasamos a ser de segunda.
Laicidad del Estado significa que el Estado se juzga incompetente en materia religiosa, absteniéndose de promover religión alguna, pero permitiendo el ejercicio de la libertad religiosa. Este ejercicio incluye la difusión de la doctrina religiosa y de los principios y valores de la propia religión, como son, en este caso, la defensa de la vida y de la familia. Nada de extraordinario tiene animar a los fieles a votar por candidatos que defiendan la vida y la familia, sin señalar ningún partido concreto, a favor ni en contra. Son los fieles, ciudadanos como los demás, quienes tienen que informarse para realizar ese voto a conciencia. El estado laicista, sin embargo, restringe la libertad religiosa, y con ella la de expresión, condenando a los ministros de culto a un ostracismo, impidiéndoles que expresen libremente sus valores. No considera a la religión como un bien social, característico de la identidad de su pueblo –como es el caso de México-, sino como un mal que a lo sumo hay que tolerar.
La emisión de esta sentencia debería hacernos reflexionar sobre los principios constitucionales en los que se basa, para ver si no resultan ya obsoletos, trasnochados y, sobre todo, injustos, introduciendo una ilegítima discriminación entre los miembros de la sociedad mexicana. La Iglesia es un actor importante en la vida social mexicana y tiene derecho a expresar civilizadamente su opinión; amordazarla es simple y llanamente, injusto.
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