“La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, excepcional, temporal y restringida”, afirmó Coparmex.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a dar una explicación de los motivos que tuvo para publicar un decreto, en medio de la pandemia causada por COVID-19, que autoriza a las Fuerzas Armadas a regresar a las calles y tener atribuciones en seguridad pública hasta 2024.
El pasado 11 de mayo, López Obrador, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se dio la orden a la Fuerza Armada (Secretaría de Defensa Nacional y Marina) a “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública”, hasta marzo 27 de 2024.
La Comisión recordó al presidente que dicha acción “mantiene una contraposición con su ofrecimiento de ‘devolver al ejército a los cuarteles’” y recalcó que es una saturación de los trabajos, sin que haya existido una evaluación del desempeño y resultados de la Guardia Nacional en su primera etapa de operación.
“El decreto presidencial nos parece un reconocimiento explícito de que las estrategias para combatir al crimen organizado, cuya responsabilidad es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, han fracasado”, comentó, por medio de un comunicado, la CMDH y aseguró que se aprovechó un momento donde la atención pública está en la emergencia sanitaria para implementar esa acción.
Por último, la CMDH aseguró que “la militarización de la Seguridad Pública NO es la solución a las altas tasas de violencia” e indicó que la decisión es un decreto inconstitucional.
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Militarización, grave riesgo para los DDHH: Coparmex
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, excepcional, temporal y restringida. “Coparmex considera que el decreto publicado desobedece las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, comentó la institución en un comunicado.
“Debería también ponderar el efecto potencialmente negativo que este instrumento jurídico podría tener en los Derechos Humanos de los mexicanos”, comentó la Confederación, haciendo un llamado a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para que aclare completamente las funciones de las Fuerzas Armadas.
Coparmex subrayó que el sector empresarial está convencido de que el Estado Mexicano debe cumplir con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, que establecen que cuando la Fuerza Armada interviene en tareas de seguridad, sea de manera:
1.- Extraordinaria, con actos justificados y temporales.
2.- Subordinada y complementaria a las autoridades civiles.
3.- Regulada, con protocolos y procedimientos sobre el uso de la fuerza.
4.- Fiscalizada, por órgano civiles independientes.
“El decreto vulnera el principio de fundamentación y motivación, al omitir los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que permitan supervisar las acciones de la Fuerza Armada”, comentó Coparmex y especificó que el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional explica que son atribuciones y obligaciones exclusivas de ésta y no de las Fuerzas Armadas.
Además, la Confederación indicó que por los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado, es necesario asegurar una estricta fiscalización de su intervención en funciones de seguridad pública, elaborada por el Congreso de la Unión, la sociedad y órganos autónomos.
Finalmente, Coparmex aseguró que seguirá de cerca y dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada en la seguridad pública y enfatizó en la importancia que hay en que titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, para determinar claramente los alcances de la actuación de las Fuerzas Armadas.
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