El presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, señaló que el T-MEC requiere que “México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus acuerdos corruptos con los empleadores”.
La Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) presentó la primera solicitud de respuesta rápida laboral en el marco del T-MEC contra Tridonex, una fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas, México, con matriz en Filadelfia y controlada por un grupo canadiense.
Los demandantes que pertenecen al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS) y Public Citizen aseguran que durante dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse con el sindicato independiente para reemplazar a “un sindicato corrupto de protección”.
Los trabajadores dijeron que su abogada Susana Prieto Terrazas ganó la atención de los medios internacionales después de que el gobernador de Tamaulipas, que se opone a la reforma laboral, la encarcelara durante un mes en una penitenciaría estatal que estaba cargada con COVID-19 por cargos falsos. Prieto solo fue liberada después de aceptar el exilio interno en otro estado mexicano y la prohibición de comparecer ante un tribunal laboral.
Frente a esta situación el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, señaló que el T-MEC requiere que “México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus acuerdos corruptos con los empleadores”.
Tridonex, una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia, fabrica autopartes, una parte sustancial que se destina al mercado estadounidense.
Los demandantes argumentan que Tridonex ha rechazado la demanda legal de los trabajadores de dejar de retener sus cuotas y transferirlas al sindicato de protección. De acuerdo a la AFL-CIO, la empresa ha despedido a más de 600 simpatizantes del sindicato independiente SNITIS, que se formó después de que las protestas de los trabajadores en 2019 obligaron a las maquiladoras de Matamoros a aumentar los salarios y cuya abogada es Susana Prieto.
De acuerdo a la representante legal del sindicato independiente, “los trabajadores de Tridonex están sufriendo los abusos de un dirigente sindical corrupto y criminal, que está protegido por la empresa para que pueda seguir brindando salarios y condiciones laborales precarias. Todo esto a través de opresores que hostigan, intimidan y golpean a los trabajadores con el consentimiento y protección del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Luchamos para que nadie tenga miedo de elegir libremente el sindicato que desea que los represente y hacer historia, poniendo fin a varias generaciones de esclavitud moderna”.
La negación de los derechos básicos de los trabajadores por parte de las corporaciones socava los medios de subsistencia y la vida de los trabajadores en toda América del Norte.
Por otra parte, la presidenta internacional del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Mary Kay Henry, aseguró que “la supresión de los derechos de los trabajadores por Tridonex les ha costado a nuestros miembros en Filadelfia cientos de buenos trabajos de manufactura y ahora están haciendo lo mismo con los trabajadores en Matamoros”.
“El T-MEC requiere que México haga cumplir sus leyes laborales y el Mecanismo de Respuesta Rápida fue diseñado para garantizar oportunidades de cumplimiento específicas de las instalaciones para ayudar a los trabajadores aquí en casa y en México que desean unirse en sindicatos, tener lugares de trabajo seguros y criar a sus familias con dignidad”.
La AFL-CIO indicó que los grupos sindicales y de la sociedad civil que trabajan con los demócratas del Congreso exigieron y obtuvieron mejoras en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciada por el presidente Trump, incluido el Mecanismo de Respuesta Rápida, bajo el cual se expone esta demanda laboral.
Las autoridades estadounidenses tendrán 30 días para determinar si el caso procede, de ser así se tendría que acordar una solución con Estados Unidos en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
En caso de que no se llegue a solución, el panel establecido podría imponer multas o aranceles a la planta investigada si considera que hay una denegación de derechos laborales.
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