En México muy frecuentemente los sospechosos de casos de drogas son víctimas de violencia o tortura por parte de la policía, y en gran medida existe el arresto y la detención arbitrarios por delitos relacionados a los estupefacientes.
México se posicionó en el lugar 26 de 30 países evaluados por el Índice Global de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) debido a que incumple en las recomendaciones básicas hechas en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El análisis del IDPC midió 75 indicadores que cubre cinco dimensiones que abarcan desde el sistema penal y respuesta extremas hasta salud y reducción de daños, acceso a medicinas y desarrollo, en las que México no obtuvo ni una sola calificación aprobatoria.
El IDPC es una nueva herramienta que ofrece el primer esfuerzo de análisis global, centrado en datos, sistemático, integral y transparente sobre políticas de drogas y su implementación, y fue desarrollado por organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, en asociación con entidades académicas.
De acuerdo a Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, a diferencia de otros ejercicios que a nivel mundial han intentado evaluar el éxito de las políticas públicas en esta materia, este análisis midió los resultados en torno a lo alcanzado por diversos países en temas de salud, desarrollo y derechos humanos, ya que los demás estudios han priorizado indicadores como el número de personas arrestadas o encarceladas por delitos relacionados con drogas, la cantidad de drogas confiscadas, o el número de hectáreas erradicadas de cultivos empleados para producir droga.
Qué sucede en México
Con respecto a México, el informe señala que aún prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el curso de las actividades antidrogas, así como la participación de las fuerzas militares en estas tareas.
De acuerdo a la investigación, se observó que existe en gran medida una práctica de reclusión no consentida en los centros de tratamiento obligatorio por drogodependencia.
Señala que muy frecuentemente los sospechosos de casos de drogas son víctimas de violencia o tortura por parte de la policía y que en gran medida existe el arresto y la detención arbitrarios por delitos relacionados con las drogas.
Asimismo, también del estudio se desprende que en México, en gran medida, la política de drogas que se aplica tiene un impacto desproporcionado en ciertos grupos étnicos, mujeres y grupos de bajos ingresos.
Se destaca que en México el 100 por ciento de la población vive en un territorio con disposiciones de despenalización de drogas, y destaca que entre las sustancias que están despenalizadas se encuentra el cannabis.
Al cuestionar sobre ¿en qué medida la despenalización ha sido eficaz para desviar a las personas que consumen drogas del sistema de justicia penal? La respuesta contundente que muestra el análisis es “para nada”.
En otro aspecto, el estudio destaca que en México existe una disposición explícita en la legislación que establece la obligación del gobierno de tomar las disposiciones adecuadas para garantizar la disponibilidad de medicamentos controlados para el alivio del dolor y el sufrimiento.
Sobre en qué medida el proceso de formulación de políticas relacionadas con los medicamentos controlados incluye de manera significativa a las partes interesadas, como las juntas médicas, los profesionales de la salud (incluidos los farmacéuticos), los pacientes y los representantes de los pacientes, se destaca que es en pequeña medida.
Hallazgos a nivel mundial
Entre los hallazgos encontrados por este análisis se destaca que la preponderancia de las políticas sobre drogas basadas en la represión y el castigo a nivel global ha dado como resultado bajas calificaciones en general, con una línea media de calificación de apenas 48/100, y la asignación de sólo 74/100 para la puntuación más alta que ocupa Noruega.
En cuanto a los estándares y expectativas de expertos de la sociedad civil sobre la implementación de políticas referidas a drogas estas varían de país en país.
Por otra parte, indica que las políticas sobre drogas son inherentemente complejas: el desempeño de un país en el Índice sólo puede entenderse cabalmente contemplándolo a través de sus dimensiones y dentro de cada una de ellas.
Asimismo, menciona que las políticas sobre drogas afectan desproporcionadamente a las personas marginalizadas en base a su género, etnicidad, orientación sexual y estatus socio-económico.
Finalmente, resalta que con escasas excepciones, la sociedad civil y las comunidades afectadas siguen severamente limitadas para tener una participación significativa en los procesos de establecimiento de políticas referidas a drogas.
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