Las crisis que se refuerzan mutuamente, como el incremento de los niveles de la deuda, están afectando de manera desproporcionada a los países en desarrollo, agravando las disparidades en materia de empleo a nivel mundial entre los países de altos y bajos ingresos y ampliando las desigualdades existentes exacerbadas por la pandemia de COVID-19, señala un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, consideró que “las conclusiones de este informe nos recuerdan con fuerza las crecientes desigualdades mundiales. Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres”.
Por este motivo, dijo, la OIT está lanzando la Coalición Mundial para la justicia social, la cual reunirá una gran diversidad de órganos multilaterales y partes interesadas. Ayudará a posicionar la justicia social como la piedra angular de una recuperación mundial, y hará que se convierta en una prioridad de las políticas y acciones nacionales, regionales y mundiales”.
El estudio asegura que si bien se prevé que en 2023 el desempleo mundial disminuya a los niveles anteriores a la pandemia –hasta 191 millones de personas, que corresponde a una tasa global de desempleo de 5.3 por ciento– las estimaciones muestran que los países de bajos ingresos siguen muy por detrás en el proceso de recuperación, según el Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo (undécima edición).
En algunas regiones se ha logrado reducir sus tasas de manera substancial, por debajo de los niveles anteriores a la crisis, es el caso de América Latina y el caribe que tiene 6.7 por ciento mientras que en 2018 era de 8 por ciento.
El informe señala que las variaciones en la brecha del empleo apuntan a una disparidad mundial y resalta que los países de bajos ingresos enfrentan la mayor tasa de brecha de empleo, de un alarmante 21.5 por ciento, mientras que la tasa en los países de ingresos medios se sitúa en poco más de 11 por ciento. Los países de altos ingresos registran las tasas más bajas, de 8.2 por ciento.
Con respecto a la deuda y otros desafíos, la OIT destaca que para los países en desarrollo, los crecientes niveles de estos dos factores, reducen considerablemente el alcance de las intervenciones políticas.
“Las dificultades financieras y fiscales obstaculizan las respuestas a amenazas complejas, que incluyen conflictos, catástrofes naturales y crisis económicas que tiene a reforzarse mutuamente (policrisis), agravando la brecha de empleo”, apunta.
Añade que los países en desarrollo de bajos ingresos agobiados por la deuda enfrentan una brecha de empleo mucho más alta, de hasta 25.7 por ciento en 2023, frente a 11 por ciento en los países en desarrollo con bajo riesgo de sobreendeudamiento.
El informe evidencia además carencias significativas en materia de políticas de protección social en los países en desarrollo y aporta nuevas pruebas de que mayores inversiones en este ámbito aportarían beneficios económicos, sociales y del empleo, y reducirían la brecha mundial de empleo.
El estudio analiza las pensiones básicas de vejez, en especial en los países de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos, donde sólo 38.6 por ciento y 23.2 por ciento de los ancianos reciben, respectivamente una pensión, frente a 77.5 por ciento a nivel mundial.
El Observatorio constata que la introducción de una pensión de ancianidad en los países en desarrollo aumentaría su Producto Interno Bruto (PIB) per capita de 14.8 por ciento en 10 años y reduciría la pobreza extrema (porcentaje de personas que viven con menos de 2.15 dólares diarios) de seis puntos porcentuales, una reducción drástica de la tasa actual de 15.5 por ciento.
“La financiación de la protección social es difícil, pero no imposible”, sostiene el informe. Para los países en desarrollo, el costo anual de las pensiones de vejez al nivel de las líneas de pobreza nacional equivaldría a 1.6 por ciento de su PIB, señala.
El análisis aporta un argumento sólido para el apoyo financiero mundial a la creación de empleo y la protección social durante un período de múltiples crisis y perturbaciones, a fin de garantizar que la recuperación y la reconstrucción no dejen a nadie atrás y apoyen una transformación estructural a largo plazo.
Asimismo, destaca la importancia vital de crear un espacio fiscal para las inversiones sociales en los países de bajos ingresos. Esto debe ser considerado con urgencia como parte de la discusión actual sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional.
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