El Programa de Desarrollo con Equidad destacó que es probable que la inseguridad alimentaria se incremente incluso ante la reapertura parcial de la economía.
La inseguridad alimentaria es una de las consecuencias más graves que ha traído consigo la pandemia tanto en México como en todo el mundo, por lo que es urgente crear una estrategia que a corto plazo permita retomar los niveles existentes antes de la presencia del COVID-19, señaló el Programa de Desarrollo con Equidad (ProDEq), consorcio de investigación de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A través de un breviario dirigido a los gobiernos federales, estatales, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, el consorcio mencionó que de acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) sobre COVID-19, recolectada en México entre agosto y noviembre de 2020, 59 por ciento de la población reportó algún grado de inseguridad alimentaria.
El deterioro se ha concentrado en los lugares más afectados por la pandemia, como son los hogares con niños, en pobreza, entre personas sin empleo y entre quienes han tenido que adquirir una deuda, destaca el documento. Aunque las reaperturas durante otoño de 2020 mejoraron un poco la seguridad alimentaria, para inicios de diciembre todavía estuvo 26 por ciento debajo de sus niveles en 2018.
El documento define a la inseguridad alimentaria como la disponibilidad limitada o incierta en un hogar para acceder a suficientes alimentos, nutricionalmente adecuados e inocuos, en formas socialmente aceptables. Además, señala que se identifican tres niveles de gravedad:
1. La inseguridad alimentaria leve se expresa como la preocupación por adquirir comida.
2. La inseguridad alimentaria moderada implica que un hogar reduce la variedad y calidad de alimentos.
3. La inseguridad alimentaria severa disminuye la cantidad de alimentos y se experimenta hambre.
El monitoreo ENCOVID-19 que consiste en encuestas telefónicas mensuales y bimestrales a muestras representativas de México, y cuya medición sirve para identificar las consecuencias de la pandemia en el bienestar de los mexicanos, revela que la inseguridad alimentaria severa ha crecido sostenidamente, pues partió de nueve por ciento en 2018 y en marzo de 2021 alcanzó su nivel más alto al llegar al 17 por ciento.
ProDEq advirtió que con base en la experiencia reciente, “es probable que la inseguridad alimentaria se incremente incluso ante la reapertura parcial de la economía. Asimismo, alerta que “la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de incrementar la pobreza en el país”, por ello señala que “la inseguridad alimentaria requiere de atención prioritaria”.
El consorcio ProDEq exhortó a los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones civiles concentren sus esfuerzos en extender los programas de protección social para facilitar el acceso a los alimentos y proteger los ingresos de los grupos de población más vulnerables.
También destacó que es fundamental garantizar el funcionamiento de programas de apoyo nutricional para niños, niñas y adolescentes –como los escolares– y apoyar especialmente la lactancia materna y a los menores de cinco años.
Asimismo, mencionó algunas acciones que se han implementado en países de ingresos medios, las cuales han ayudado a frenar el aumento de la inseguridad alimentaria, como lo han sido las transferencias económicas de emergencia, que emprendieron Argentina y Chile; las entregas de alimentos que se han llevado a cabo en Guatemala e India; exenciones fiscales implementadas en Honduras, así como la creación de obra pública para emplear al sector informal como se ha hecho en Sudáfrica.
El ProDEq señaló que actuar oportunamente ante los preocupantes niveles de inseguridad alimentaria podría sentar las bases para una estrategia integral y sostenible de largo plazo que permita mejorar los niveles prepandemia y así contribuir a reducir la malnutrición en México.
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