Los pueblos indígenas ven el agua como un bien común y no como una mercancía, aseguró Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos del agua potable y saneamiento.
Frente a la crisis del agua, el mundo podría aprender mucho de las prácticas de gestión de los pueblos indígenas, aseguró Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
En un informe al Consejo de Derechos Humanos, Pedro Arrojo-Agudo elogió los sistemas de agua ancestrales de los pueblos indígenas, pero expresó su profunda preocupación por la rápida disminución del acceso que estos tienen al agua potable y al saneamiento, dada la creciente presión sobre los recursos naturales en sus territorios.
“Los pueblos indígenas han sido capaces de preservar sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales, hoy ejemplares frente a la crisis mundial del agua, tanto en términos de gestión sostenible como de gobernanza democrática del agua potable y el saneamiento”, destacó.
Sin embargo, señaló que bajo argumentos de soberanía nacional sobre los recursos naturales y el agua o manipulando el llamado interés general, “a menudo se descuida el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado”.
El experto independiente de la ONU observó cómo las consecuencias de la minería (que acapara tierras y agua), la construcción de presas hidroeléctricas y los grandes desarrollos turísticos afectan negativamente a los derechos humanos de los pueblos indígenas al agua potable y al saneamiento, contaminando sus recursos hídricos con tóxicos, afectando a sus medios de vida, causando problemas de salud, desalojos forzosos y desplazamientos.
Arrojo-Agudo dijo al Consejo de Derechos Humanos que los Estados deben reconocer a los pueblos indígenas en sus países y garantizarles el control de sus recursos hídricos para que se cumplan sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Por otra parte, el relator especial resaltó que negar la identidad y la diversidad cultural no fortalece la democracia ni promueve la equidad, e instó a los gobiernos a proporcionar a las autoridades e instituciones indígenas los medios financieros para garantizar sus derechos al agua y al saneamiento.
Además, destacó el papel de las mujeres indígenas como cuidadoras del agua y las luchas de los defensores de los derechos humanos de los indígenas, que a menudo se ven criminalizados y sufren violencia por defender sus recursos hídricos.
Asimismo, conminó a los gobiernos y a todas las partes interesadas, incluido el sector privado, a respetar la visión de los pueblos indígenas sobre los recursos hídricos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
“Los pueblos indígenas ven el agua como un bien común, y no como una mercancía“, apuntó.
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