“Las personas deben ser tratadas con dignidad, respeto a sus derechos humanos, con respeto a su persona y no deben ser sometidas a tratos crueles”, comentó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del CCSPJP.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, establecido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para conmemorarse cada 26 de junio, es importante que México luche por el cambio y la erradicación de este crimen.
México ante el delito de tortura
Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y 120 organizaciones más presentaron el “Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra Tortura de la ONU 2012-2019” en el que se especifica los niveles de tortura que existen en el país y su impacto en los derechos humanos.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de las más de 64 mil personas que se encontraban encarceladas, durante 2016, en 338 cárceles y penitenciarías del país, 64% aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia física al ser arrestados.
De este porcentaje 19% comentó haber sufrido descargas eléctricas; 36% fue estrangulada, sumergida en agua o asfixiada; 59% recibió en múltiples ocasiones patadas y puñetazos y 28% indicó que fue amenazado con que le harían daño a su familia en caso decir información completa en interrogatorios o investigaciones.
En este informe se establece que las autoridades deben garantizar a los detenidos que se excluirá cualquier práctica de tortura o violación a sus derechos humanos, pues la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) arrojó que en las detenciones la violencia física, psicológica y sexual son patrones comunes desde el arresto, hasta la estancia de los detenidos en instalaciones fiscales.
Además, se debe brindar a los detenidos las salvaguardias fundamentales, tales como avisar a algún conocido de su detención, tener acceso a un abogado, ser revisado por un médico que certifique su estado de salud y tener un procedimiento adecuado en donde se revise completamente las carpetas de investigación.
Respecto a las denuncias de tortura sexual, el Centro Prodh indicó en un informe elaborado en 2018, que se tenían documentados 29 casos de abusos sexuales a mujeres que se encontraban recluidas y acusadas con pruebas ilícitas. Muchos de los abusos no podían ser probados, pues en muy pocas detenciones se hace una valoración completa de la salud del recluido, por lo que podía comprobar que la salud del detenido haya sido óptima.
Las distintas organizaciones también indicaron, en este informe entregado a la ONU, que los principales sectores de la población que están en riesgo de ser víctimas de tortura por su vulnerabilidad son: las mujeres, las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, las comunidades indígenas, los niños y adolescentes, las personas que sufren de enfermedades mentales o de alguna discapacidad, aquellos que se dedican a defender los derechos humanos y los periodistas.
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La tortura deja consecuencias profundas en víctimas y sus familias
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), subrayó que en México la tortura es evidente, pues varias de las personas que son detenidas son sometidas a tratos crueles y a tortura para obtener confesiones.
Puso como ejemplo el caso de Carlos Canto Salgado, quien fue confundido con “el Pato”, integrante del cártel de Guerreros Unidos y torturado en días pasados para obtener información respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La tortura a la que fue sometida este profesor fue grabada en video, y en este material se podía percibir como elementos de la Fiscalía General de la República agreden a esta persona.
Además el especialista en materia penal explicó que el daño que la tortura deja tanto en la víctima, como en su familia es profundo. Pues en algunos casos las personas torturadas pierden la vida o estos sucesos dejan repercusiones, tanto jurídicas como físicas. Jurídicas porque la tortura a la que se les sometió fue la base para el seguimiento de algún procedimiento judicial y física porque los procedimientos son muy duros y dejan afectaciones o atrofiamiento en sus cuerpos.
Ortega Sánchez exhortó a México para trabajar por erradicar estas situaciones, pues “las personas deben ser tratadas con dignidad, respeto a sus derechos humanos, con respeto a su persona y no deben ser sometidas a tratos crueles”.
El presidente del CCSPJP recalcó que aunque el país ya ha avanzado en materia de defensa de los derechos humanos y castigo a la tortura, aún se requiere de un mayor respaldo de la CNDH, ONU, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos e instituciones de nivel internacional para frenar estos hechos.
“Si no actuamos, la tortura podría volverse sistemática y generalizada en México; por lo que es necesario sentar precedentes y castigar de manera ejemplar a las personas que cometen este delito” concluyó José Antonio.
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