A pocos días de cumplirse dos años de que Ucrania fue invadida por tropas rusas, la reconstrucción de esta nación se calcula en 486 mil millones de dólares durante la próxima década, esta cantidad equivale a 2.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2023, según cálculos de la ONU, el Banco Mundial, la Comisión Europea y el propio gobierno ucraniano.
De acuerdo a una evaluación que abarca del 24 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, se constataron aumentos de las necesidades financieras indispensables para reconstruir el país, que se estimaba en 411 mil millones el año pasado e indican que los daños directos a los edificios e infraestructuras en el país alcanzan ya casi los 152 mil millones de dólares.
La evaluación hecha por los organismos destaca que desde febrero de 2022 el Banco Mundial ya ha movilizado más de 41 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania. La reconstrucción del país requerirá cantidades elevadas de capital a lo largo de un periodo de 10 años.
Denise Brown, coordinadora residente de la ONU en Ucrania, dijo que la guerra y el sufrimiento no han terminado, y que este país requiere del apoyo continuo de sus socios internacionales.
En tanto, AntonellaBassani, vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central, afirmó que “los dos últimos años han estado marcados por un sufrimiento y unas pérdidas sin precedentes para Ucrania y su pueblo”.
Los sectores más afectados han sido la vivienda, el transporte, el comercio y la industria, la energía y la agricultura. En todo el país, el 10 por ciento de las viviendas han resultado dañadas o destruidas, lo que ha prolongado el desplazamiento de los ucranianos de sus comunidades.
En concreto, la destrucción de la presa y la central hidroeléctrica de Kakhovka en junio de 2023 tuvo importantes repercusiones negativas en el medioambiente y la agricultura.
En términos más generales, las mayores necesidades en materia de recuperación y reconstrucción se concentran en la vivienda (17 por ciento del total), seguida del transporte (15 por ciento), el comercio y la industria (14 por ciento), la agricultura (12 por ciento), la energía (10 por ciento), la protección social y los medios de subsistencia (nueve por ciento) y la gestión de los riesgos de explosión (7 por ciento).
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