“Por cada persona que muere en un conflicto armado, muchas más resultan heridas por un arma”, señala Amnistía Internacional.
Las cifras son aterradoras. En 30 años han muerto más de dos millones de personas en conflictos armados en los que se usan armas de todo tipo. Las víctimas no son sólo militares, en su mayoría son civiles que quedaron atrapados en los conflictos bélicos.
Los números no se detienen ahí: en el mundo, al día mueren más de 500 personas a causa de la violencia con armas de fuego, mientras que 2 mil personas son heridas por disparos, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional.
Además, el comercio mundial de armamento continúa en aumento, siendo Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China los principales países exportadores de armas. Todo ello sucede a pesar de la existencia de una normatividad a nivel internacional para el control de armas.
El Tratado sobre el Comercio de Armas es el acuerdo en el que se establecieron las regulaciones del comercio internacional de todo tipo de armas, desde pequeñas hasta vehículos de combate. Dicha medida entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.
En dicho acuerdo, se estipula la prohibición para transferir cualquier tipo de armamento a países en los que se sepa que se podrían utilizar para “cometer o facilitar genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Sin embargo, los principales países exportadores de armamento siguen facilitando armas a Estados en los que persisten los conflictos armados.
Como parte de las garantías que deben ofrecer los Estados a los ciudadanos está la obligación de proteger el derecho a la vida, en ese sentido, la responsabilidad de proteger a la población contra la violencia con armas de fuego está en sus manos, precisa la organización internacional especializada en derechos humanos y ayuda humanitaria.
Disparos en América
A pesar del control de armas que deben administrar los gobiernos, en el continente americano domina el fácil acceso a las armas de fuego, regulaciones insuficientes o aplicaciones deficientes con respecto a las legislaciones.
“En América Latina y el Caribe el problema se ve acentuado por la corrupción, la delincuencia organizada y el mal funcionamiento de los sistemas de justicia penal”, detalla Amnistía Internacional.
Y es que, a diferencia de países como Australia, Japón, Corea del Sur y Singapur en los que se registra una tasa baja de violencia con armas de fuego, en algunos países de América como El Salvador, Brasil y Honduras, el porcentaje con armas es mayor.
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En el caso de Estados Unidos, la poco rigurosa normatividad ha dado amplio acceso a las armas de fuego a la población, ello representa, anualmente, la muerte de más de 30 mil personas por disparos. Entre los asesinatos, la población más vulnerables con las minorías.
“Las personas afroamericanas tienen 10 veces más posibilidad de morir por disparos que la población estadounidense blanca”, apunta Amnistía Internacional.
Responsabilidad del gobierno
De acuerdo con Amnistía Internacional, el objetivo de la comercialización de armas es la protección de la población y “son los gobiernos los únicos responsables de garantizarla y de regular el comercio de armas, concediendo o denegando licencias”.
Asimismo, los Estados pueden imponer suspensiones o embargos de armas; además, también tienen la facultad de prohibir la producción y el uso de determinado armamento. En ese sentido, la organización internacional recuerda que el uso de armas debe estar regulado y debe de apegarse a las normas internacional en la materia.
Sin embargo, denuncia Amnistía Internacional, que hay irregularidades y descuidos en el manejo del armamento: la actividad comercial de armas no es bien documentada; los envíos no están controlados de inicio hasta el destino final de la mercancía; tampoco se considera, de manera exhaustiva, el riesgo a la humanidad que implica el material vendido.
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