“La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del gobierno”, indicó Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, subrayando la grave erosión del espacio cívico en el país centroamericano.
El funcionario de la ONU aseguró que cada vez es más difícil el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales en Nicaragua.
Un nuevo informe de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destaca el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas.
El documento destaca que la persecución de los opositores al gobierno o de quienes se perciben como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente, y que las autoridades persiguen no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control, lo que incluye a defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental.
El informe de la ONU expresa preocupación por un proyecto de ley presentado la semana pasada por las autoridades que, de ser aprobado, permitiría el procesamiento de personas en el extranjero por presuntos delitos como lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento o delitos cibernéticos.
La publicación advierte que ese tipo de leyes tan amplias pueden utilizarse para presionar e intimidar aún más a los nicaragüenses exiliados y extranjeros por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión u otros derechos.
Según datos de la Oficina de Derechos Humanos, hasta mayo pasado,131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria, lo que supone un marcado aumento en comparación con las 54 personas de junio de 2023. En junio y julio de 2024 se produjeron otras 10 detenciones arbitrarias.
El reporte documenta 12 casos de tortura y malos tratos en detención. En particular, siete detenidos denunciaron haber sido sometidos a violación, abuso sexual y descargas eléctricas. Tres de ellos denunciaron estrangulamiento de testículos, mientras que todos mostraban signos de trastorno de estrés postraumático.
Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos ha recibido informes sobre violencia cometida contra pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe, registrando al menos dos asesinatos perpetrados por colonos que no pertenecen a estas comunidades y buscan controlar sus tierras.
“Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, apunta el informe.
Otra esfera objeto de restricciones indebidas en Nicaragua es la religiosa, con al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos detenidos arbitrariamente en octubre de 2023 y enero de 2024. Un grupo de 31 clérigos fueron expulsados el país tras permanecer detenidos durante varios periodos.
Las autoridades también han revocado la personalidad jurídica de numerosas organizaciones religiosas, como parte de una tendencia más amplia de cancelaciones arbitrarias de la personalidad jurídica de ONG. Durante el periodo que abarca el informe (julio 2023 al mismo mes de 2024), se revocó la personalidad a más de 300 organizaciones, incluidas algunas que defendían los derechos de las mujeres. En agosto de 2024, se cerraron otras mil 700 organizaciones, elevando el número total de organizaciones disueltas a más de cinco mil desde 2018.
El Alto Comisionado instó al gobierno nicaragüense a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y el debido proceso para las personas acusadas, y un retorno seguro y voluntario para las personas exiliadas.
Asimismo, Türk pidió a las autoridades que pongan fin a la tortura y malos tratos, que los perpetradores rindan cuentas, que cesen todas las formas de persecución y que se restablezca la personalidad jurídica que tenían anteriormente las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición.
De acuerdo con Türk, las elecciones por celebrarse en 2026 representan una nueva oportunidad. “Es crucial que el derecho a la participación política se respete plenamente para que los y las nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”, apuntó.
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