Nueva York, 11 May (Notimex).- Expertos en derecho constitucional y activistas consideraron que la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) puede sentar las bases para un juicio de impugnación en su contra que termine con su destitución.
Consultados por el sitio de noticias ThinkProgress, varios constitucionalistas señalaron que Trump cuenta con la autoridad legal de despedir al director del FBI, James Comey, tal como hizo el martes.
Sin embargo, precisaron que la decisión podría también interpretarse como una obstrucción de la justicia, lo que constituye un argumento legal para comenzar un proceso de impugnación en el Congreso.
Comey encabezaba la investigación para determinar la profundidad que tuvo la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, y si Trump y sus aliados estuvieron involucrados en esta estrategia.
En ese sentido, si Trump despidió a Comey para evitar que continuara tal investigación, la decisión podría generarle problemas posiblemente legales y ciertamente políticos.
David Cole, director legal nacional de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU), indicó que si Trump despidió a Comer para bloquear la pesquisa, “como parece ser el caso”, la decisión “equivale a una obstrucción de la justicia”.
Por su parte, el constitucionalista de la Universidad de Georgetown, Louis Michael Seidman, expresó que la explicación más probable del despido es que Comey “estaba cerca de encontrar información sobre Trump que sería más perjudicial que el daño infligido” por la decisión sobre el jefe del FBI.
Seidman explicó que la cláusula sobre el proceso de impugnación de un presidente es “deliberadamente vaga” y no requiere que el presidente viole leyes criminales sino que basta con que se perciba que el mandatario se involucra en malas conductas relacionadas con sus funciones.
“No creo que haya ninguna duda de que esto podría ser visto como parte de un patrón que constituye delitos graves y delitos menores, lo que justificaría la destitución”, opinó Seidman.
Por su parte, Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California en Irvine, declaró que el despido podría ser visto “como un abuso de poder”, que sería una ofensa suficiente para iniciar un proceso de impugnación en el Congreso.
Un proceso de impugnación puede ser iniciado sólo si la mayoría de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado concuerdan en que es necesario. Por ahora, con ambas Cámaras dominadas por republicanos, tal proceso parece imposible, aunque se acumula el malestar en la sociedad.
Laurence Tribe, de la Universidad de Harvard, consideró que el despido de Comey ha provocado “una crisis constitucional” en Estados Unidos, que sólo puede ser resuelta por el nombramiento de un fiscal especial que realice las pesquisas sobre la conexión del equipo de Trump con Rusia.
Por su parte, Evan Osnos escribió en un blog de la publicación The New Yorker que el despido de Comey ha abierto la puerta a una nueva investigación para saber por qué Trump dio ese paso, cuál fue su razonamiento y si esta decisión representó un abuso de poder.
Osnos razonó que por ahora el proceso de impugnación parece lejano, debido al dominio republicano en ambas Cámaras, pero que la posibilidad es real debido a la acelerada pérdida de popularidad de Trump entre los ciudadanos, de acuerdo con todas las encuestas.
“Richard Nixon renunció solamente porque su popularidad había caído tan bajo que los republicanos del Congreso lo abandonaron”, puntualizó Osnos.
Por el momento, procuradores generales de 20 estados, así como varios condados de Estados Unidos, incluidos el de la ciudad de Los Ángeles, han llamado a una investigación imparcial por ofensas que potencialmente servirían para fundamentar un proceso de impugnación.
Asimismo, organismos civiles como Free Speech for People (libre expresión para el pueblo) han comenzado a circular peticiones que llaman a iniciar el proceso de impugnación de Trump tras el despido de Comey.
John Bonifaz, presidente de este grupo civil, manifestó a The New Yorker que entre más acciones la comunidad emprenda en este sentido, llamando a los miembros del Congreso a tomar medidas, más cerca estará el momento de que un congresista proponga formalmente la impugnación.
“Cuando eso suceda, será difícil volver a poner al genio en la botella”, afirmó Bonifaz.
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