El jueves 18 de abril, se cumple un año del estallido social que provocó una crisis sociopolítica con manifestaciones ciudadanas antigubernamentales, en las que perdieron la vida más de 300 personas por el uso excesivo y desmedido de la fuerza pública, según lo registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La crisis en Nicaragua sigue avanzando, de acuerdo con la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a la fecha hay ya 809 “presos políticos”, de los cuales el régimen nicaragüense reconoce menos de la mitad, y los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cifra de manifestantes muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega es de 325, por su parte instituciones humanitarias locales cuentan 568 víctimas, pero el Gobierno reconoce 199. La CIDH, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y diversos organismos locales e internacionales responsabilizan por la crisis humanitaria al Gobierno de Ortega, al que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) atribuye crímenes de “lesa humanidad”.
La Comisión, Verdad, Justicia y paz de Nicaragua emitió un comunicado donde manifiestan su “reiterada preocupación por supuestos listados de prisioneros, los que circulan sin verificación alguna por las redes sociales y que luego son recogidas por algunos medios de comunicación y organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Según el Comité Pro liberación de “presos políticos” afirma que contabiliza 802 presos en todo el país. De esa lista, afirma la Comisión, ha identificado que han sido excarceladas 146 personas.
Por otro lado al hacer referencia a las víctimas de la crisis humanitaria en Nicaragua se recordó al periodista Ángel Gahona, corresponsal del Canal 6 de Nicaragua, quien fuera asesinado el 21 de abril, mientras transmitía a través de Facebook Live de su programa Noticiero El Meridiano, una manifestación en la ciudad de Bluefields.
En ese sentido la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa entre abril y diciembre, desde amenazas hasta confiscaciones de medios, así como la detención de periodistas, dos de los cuales permanecen en prisión, y otros 66 fueron al exilio. Organizaciones no gubernamentales, la OEA y Acnur indican que en Costa Rica se han exiliado casi 70 000 personas. Varias decenas de miles han partido hacia Estados Unidos, España y otros países.
De acuerdo con la agencia informativa Efe, sobre Nicaragua pende el proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por romper el orden constitucional. De ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
A un año del conflicto
El jueves 18 de abril, se cumple un año del estallido social que provocó una crisis sociopolítica con manifestaciones ciudadanas antigubernamentales, en las que perdieron la vida más de 300 personas por el uso excesivo y desmedido de la fuerza pública, según lo registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, esto debido a la “reforma” que quiso hacer el presidente Daniel Ortega en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.
El miércoles 18 de abril de 2018, día en el que se publicó oficialmente la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), comenzaron las protestas como repudio a la reforma impuesta por Ortega para “rescatar” de la quiebra al Instituto. Esas reformas, aprobadas por decreto y publicadas en el diario oficial del Estado sin consenso con las cúpulas empresariales, representaban un duro golpe para jubilados, empleados y empresas, principalmente las más pequeñas. Entre las medidas se incluía una reducción del 5% a las pensiones –ya de por sí muy menguadas– que reciben cientos de miles de jubilados, para que con ello financien su atención médica. Además aumentaba del 19% al 22.5% la cuota que las empresas deben entregar al Seguro, lo que para el economista Adolfo Acevedo hubiera obligado a los empresarios a buscar mecanismos para reducir la afiliación de trabajadores al sistema de Seguridad Social, reducir personal y, en el caso de las empresas pequeñas, echar el cierre. Los trabajadores también debían aumentar sus aportes, reduciendo el valor de sus salarios. El salario mínimo promedio en Nicaragua es de 150 dólares.
Un día después de decretadas las reformas un grupo de jóvenes autoconvocados en las redes sociales se reunieron en Camino de Oriente, céntrico centro comercial de Managua, para protestar. Estos jóvenes ya habían formado un colectivo que exigía al Gobierno mayor protección de las reservas naturales, después de que se incendiara la Reserva Indio Maíz. Los jóvenes indignados organizaron protestas en Managua, que fueron reprimidas por la Policía Nacional. Ese movimiento, bautizado como #SOSIndioMaíz, atrajo la atención nacional y se tradujo luego en #SOSINSS. Fueron ellos los que aquella tarde del 18 de abril se reunieron en el centro comercial acompañados de algunos jubilados.
El jueves 19 de abril las protestas contra la reforma se extendieron a varios departamentos, incluyendo León, Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí y Rivas. Los manifestantes hicieron uso de piedras, morteros caseros y cócteles molotov y la policía de gas lacrimógeno y balas. Resultado de las protestas, tres personas muertas por disparos de armas de fuego: un policía (Hilton Manzanares) y un trabajador (Darwin Urbina) cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, en Managua y un estudiante (Richard Pavón) durante un ataque a la alcaldía de Tipitapa. La Cruz Roja Nicaragüense reportó 48 heridos que recibieron atención médica durante el día. Las protestas se extendieron al barrio Monimbó en Masaya, un histórico bastión de la Revolución Sandinista. Algunos grupos destruyeron instalaciones públicas y privadas, incluyendo al menos un domicilio particular.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, ente regulador de las telecomunicaciones, ordenó un corte de emisión de cuatro canales de televisión que informaban de las protestas: Canal 12, Canal 23, Canal 51 y 100% Noticias. El corte fue efectivo varias horas durante el 19 de abril, excepto al canal 100% Noticias, el cual estuvo fuera del aire hasta el 25 de abril.
A un año de iniciado el conflicto, Nicaragua sigue marcada por una crisis que se mantiene con denuncias de muertes, desapariciones, tortura y ríos de exiliados y un fuerte impacto económico.
Según datos de la Agencia Efe, Nicaragua era un país pobre pero cada año su producto interno bruto (PIB) crecía por encima del 4,5 %, y el estallido social que nació por reformas a la seguridad social el 18 de abril de 2018 llevó a una crisis que causó una contracción del 3.8%, según datos del Banco Central del país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que en 2019 el PIB de Nicaragua sufrirá un nuevo retroceso, del 5%.
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