En Costa Rica pretenden limitar la libertad de expresión de sacerdotes católicos y pastores evangélicos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero. El Tribunal Electoral de aquel país ha ordenado a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense emitir manifiestos públicos que pudieran alentar el voto por algún partido o desalentarlo.
El país centroamericano, enfrenta estos comicios de capital importancia, a pocos días de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la respuesta a una consulta presentada por el gobierno costarricense respecto de la coincidencia del matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre por razón de la identidad de género, respecto de la Convención de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.
La respuesta de la de CIDH, en términos generales es favorable, afirmando que “la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son categorías protegidas”, por la Convención en su artículo 1º., en los que hace al derecho de no discriminación, solo que como no se expresa ninguna de esas “categorías” como color, idioma, religión o sexo, que si están expresamente citadas, la Corte las encuadra en “cualquier otra condición social”.
Dicha respuesta incluye un glosario de 22 conceptos emanados de la “teoría de género”, y además cita en repetidas ocasiones los Principios de Yogiakarta, los cuales no son principios vinculantes para ningún Estado. En la respuesta, se prevé el cambio de nombre por identidad de género incluso en niños, y no se puede el principio del “bien superior del infante”, porque se limitaría su “autodeterminación”.
Tras esta respuesta, que era un movimiento político para del Presidente Luis Guillermo Solís, para poder argumentar la necesidad de aplicar estas figuras, impopulares entre la mayoría de la población, también surgieron reacciones que señalaron esto como una injerencia a la soberanía de Costa Rica.
En este contexto, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense, publicaron un Manifiesto Conjunto, en el expresaban su posición frente a temas como la vida, la familia, la paz, la justicia y las elecciones.
En el Manifiesto se expresó que esperaban “el compromiso de toda la sociedad en especial de los políticos, en la defensa de este bien innegociable” que es la vida. Respecto de la familia, se señaló que “más allá de imposiciones internacionales, la familia fundada entre un hombre y una mujer es la base para una sociedad sana y con futuro, pues solo allí, podrá nuestra Nación tener un verdadero crecimiento.
Respecto de la paz, indicaron con preocupación el aumento de la delincuencia a causa del crimen organizados y del narcotráfico así también manifestaron su consternación por el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, dijeron en el tema de la justicia.
Con relación a las elecciones, hicieron un llamado a acudir a las urnas, “meditando delante de Dios y de sus conciencias su voto”. Además, exhortaron a los candidatos elegidos “que sean consecuentes con sus promesas de campaña, ser vigilantes de la probidad propia y de sus colaboradores, ser intolerantes con cualquier acto de corrupción y que nunca se olviden de las convicciones y valores cristianos que nutran la institucionalidad de nuestra Nación”.
Ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones, ordenó a la Conferencia Episcopal y la Alianza, “abstenerse de difundir manifiestos públicos que directa o indirectamente representen un llamado a votar por ciertos partidos o abstenerse de hacerlos por otros”. La orden judicial, es una medida cautelar que emana de un amparo, interpuesto por un ciudadano común.
Pero no es todo, también “orden a estas dos organizaciones instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgica para inducir el voto de sus feligreses.”
Con información de Actuall y El Espectador.
