Con tantos migrantes devueltos por Estados Unidos y obligados a esperar en México, hay un alto número de personas vulnerables que fácilmente pueden caer presas de la extorsión, el secuestro y la agresión sexual.
Desde que se desató la pandemia mundial de coronavirus en marzo de 2020, más de 250 migrantes habrían desaparecido cuando intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, según el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, entidad que ayuda a localizar e identificar los restos de migrantes hallados en las zonas fronterizas. En años anteriores, el grupo recibía alrededor de 150 informes de este tipo.
De acuerdo a un análisis del InSight Crime, las restricciones fronterizas implementadas por el gobierno norteamericano, como el Título 42 que instauró el gobierno de Donald Trump y que consiste en prohibir la entrada a la Unión Americana de personas sin autorización, ya sean migrantes o solicitantes de asilo, no han logrado disuadirlos de dirigirse a EUA, y a menudo han tenido efectos adversos, como ponerlos en mayor peligro o llevar a un aumento de las ganancias de los grupos del crimen organizado de México.
El informe destaca la opinión de Maureen Meyer, experta en México y vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ha señalado que esta medida es favorable para los grupos criminales, “con tantos migrantes devueltos y obligados a esperar en México, hay un alto número de personas vulnerables que fácilmente pueden caer presas de la extorsión, el secuestro y la agresión sexual”.
Asimismo, afirmó que las políticas restrictivas del gobierno estadounidense les han cerrado a los migrantes las opciones de ingresar legalmente al país, por lo que muchos han caído en manos de traficantes y se han visto obligados a atravesar territorios hostiles.
De acuerdo a la investigación, grupos de derechos humanos consideran que dicha política es “ilegal y discriminatoria”, dado que les niega a las personas el derecho a solicitar asilo legal según el derecho internacional humanitario. Al Título 42 se le han hecho algunas excepciones, como el caso de los niños no acompañados que llegan a la frontera y algunos grupos familiares.
Apoyos a duras penas
El análisis de InSight Crime subraya que la represión que debido a que por años ha existido en la frontera entre México y EUA, quienes buscan cruzar lo hacen por zonas como el desierto de Sonora, donde muchos migrantes mueren en el intento por atravesar de un país a otro.
Según Jason De León, director ejecutivo del Proyecto para Migrantes Indocumentados del Centro Colibrí de Derechos Humanos, las políticas que tienen como objetivo prevenir la migración mediante la disuasión, como el Título 42, no han hecho más que aumentar los riesgos que enfrentan los migrantes, como el secuestro a manos de grupos criminales o el abandono por parte de traficantes embaucadores que los dejan morir en un calor extremo, a la vez que llevan a un aumento de la reincidencia.
Sin embargo, observó que “ningún presidente (de EUA) en los últimos tres ciclos ha utilizado en público el término ‘prevención mediante disuasión’, a pesar de que este es el paradigma de seguridad actual y está causando la muerte de mucha gente”.
Por otra parte, el informe de InSight Crime destaca que la política de expulsión también implica que los pocos recursos disponibles para los migrantes en México se están quedando cortos. A este respecto, Maureen Meyer dice que los migrantes recurren sobre todo a los albergues administrados por organizaciones no gubernamentales y religiosas en busca de seguridad, vestido, orientación, alimentación y asistencia legal en algunos casos. Pero muchos de estos refugios cuentan con pocos recursos y a duras penas reciben apoyo del gobierno mexicano.
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