El presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció “la mano amiga” del Estado para los insurgentes que se desmovilicen y entreguen sus armas, pero advirtió que no se permitirá el chantaje ni la intimidación con secuestros.
El mandatario señaló en una ceremonia militar que “aquellos que fueron reclutados ilegalmente que van a tener la mano amiga del Estado para desmovilizarse individualmente, que van a tener la posibilidad de cesar esa horrible noche y que van a tener en nosotros toda la franqueza y todo el deseo de facilitar ese proceso”.
“Pero no vamos a aceptar ningún chantaje, ninguna intimidación. La liberación de los secuestrados debe ser el primero de cualquier acto, si es que pretenden darle alguna demostración al pueblo colombiano, pero no un chantaje porque el secuestro nunca será aceptado por nosotros como un vehículo de presión”, señaló.
Aseguró que su gobierno lo que quiere “es que todo aquel que se quiera desmovilizar, desarmar y reinsertar lo haga sobre la base de la suspensión inmediata de todas las actividades criminales, pero no tratando de igualarse a las fuerzas de la Constitución y la Ley”.
Duque dijo que no está de acuerdo “con que ahora pretenden algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales, mientras cometen actos que son deplorables y deleznables a la luz de cualquier ojo”.
El mandatario propuso a las Fuerzas Armadas “un pacto de legalidad, un pacto donde el artículo segundo de nuestra Constitución esté siempre protegida, porque estas Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar en todo el territorio la defensa de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos”.
Enfatizó que “estas Fuerzas Militares y de Policía son las que, bajo ninguna circunstancia, pueden aceptar que en este país el secuestro, la extorsión y el narcotráfico sean considerados delitos conexos al delito político o mecanismos para financiar, promover y ocultar la rebelión”.
Explicó que por ello se presentó el proyecto de reforma “para que quede claro, a partir de este momento glorioso de nuestro país, que nunca más esos delitos podrán ser empleados por nadie para pretender ganar algún tipo de atribución política”.
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