Las protestas populares comenzaron desde abril y la represión gubernamental ha dejado al menos 195 muertos pero hay registros de más de 500 decesos.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, una vez más lanzó una serie de críticas contra los obispos de su país, en medio de una fuerte crisis política y social, con un diálogo nacional suspendido y con el peso de haber recibido sanciones algunos miembros de su gobierno por parte de los Estados Unidos.
En el evento de clausura del XVI Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de haber dejado de fungir como mediadores en el diálogo y forma parte activa de “las fuerzas golpistas”.
Tras más de una década de presidir el gobierno, este año una reforma legal a la seguridad social referente a las pensiones que habría desató una serie de protestas cuya respuesta oficial fue la represión, una vez dado ese paso por parte de la autoridad, las manifestaciones ya no se detuvieron ni siquiera cuando se revirtió la reforma.
Las protestas se sucedían eran cotidianas al igual que las muertes principalmente de jóvenes, se convocó a un diálogo nacional y el gobierno llamó a los obispos para que sirvieran de mediadores y estos asumieron la defensa del pueblo, que pugnaba por un proyecto de elecciones adelantadas, cese de la represión, etc.
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La letalidad de las fuerzas con la que cuenta Nicaragua resultó ser incluso más alta que las venezolanas, ya que en un periodo de alrededor de tres meses de protestas Venezuela en 2017, sumó alrededor de 100 muertos, en tanto que el país centroamericano contabilizó más de 300 en un periodo de tiempo similar.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), señaló que diversas fuentes afirman que entre mediados de abril y mediados de agosto ocurrieron unos 300 decesos y unos 2 mil lesionados, principalmente hombres menores de 30 años, que coincide con el perfil de universitarios y profesionistas jóvenes. Entre los muertos también habría al menos 22 integrantes de fuerzas del gobierno y simpatizantes del régimen.
La Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos contabiliza más de 530 fallecidos y mil 300 desaparecidos, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene un registro de 325 muertos entre los que cuenta a 23 niños y adolescentes. De hecho el propio Ortega reconoció en una entrevista con la cadena informativa CNN una cifra de 195 decesos.
En su discurso ante la UNEN, Ortega dijo sobre los obispos “yo sé claramente quién está detrás de los tranques, alentando tranques, es decir alentando crímenes, que por principio, como cristianos, como pastores debían rechazar totalmente, cualquier crimen”.
Y agregó “no tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista, criminal; se sumaron alegremente al golpe terrorista y criminal”.
Cabe mencionar que por falta de resultados el diálogo se suspendió desde julio aunque la sociedad civil mantiene su disposición a reanudarlo y que obispos como monseñor Báez, auxiliar de Managua o el nuncio apostólico recibieron agresiones e incluso el gobierno nicaragüense buscó que la Santa Sede relevara del diálogo a los obispos involucrados en el, pero sin éxito. En septiembre el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, manifestó que de reanudarse el diálogo debería hacerse una nueva agenda que contemple lo hecho hasta ese momento.
Ortega dijo en el evento de la UNEN que desde abril que hay un intento de “derrocar al pueblo, que es el gobierno, y que es el presidente de este país” y añadió que desde que volvió a gobernar el país en 2007 (porque ya lo había hecho en los años noventa) los “vendepatrias”, han conspirado hasta pedir sanciones contra Nicaragua.
“Se empezaron a aplicar sanciones, pero nosotros dijimos, hay que continuar, porque tenemos la inteligencia, tenemos la fortaleza, tenemos el capital humano, para poder continuar más allá de las sanciones”, señaló.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que congela todos los activos bajo jurisdicción de su país de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega así como de Daniel Moncada, asesor de seguridad.
Además está prohibida su entrada a los Estados Unidos y los ciudadanos o las empresas de la Unión Americana no pueden realizar negocios con las personas sancionadas.
Con información del Nuevo Diario (Nicaragua) , La Prensa (Nicaragua) y ACI Prensa.
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