La inseguridad pública se ha agudizado, generando un ambiente de peligro y extorsión que limita seriamente la actividad productiva, tanto de personas físicas como de empresas.
Contrariamente a lo que sostienen las autoridades federales, en el país la inseguridad pública se ha agudizado y se ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de la prevalencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“La debilidad del estado de derecho en México es evidente, permitiendo que temas como la impunidad, inseguridad y violencia sumen a la sociedad en un ambiente de temor. Los resultados de los índices (de los diferentes sectores) muestran una realidad. Una más acorde con la dinámica de violencia e inseguridad que vive diariamente la población del país”, subrayó.
Sostuvo que las autoridades buscan que la población perciba que existe eficacia en las acciones para disminuir la inseguridad y los delitos en el territorio nacional, para ello comparan, a modo, periodos que sugieren resultados positivos a fin de crear una percepción de éxito en su estrategia.
Sin embargo, señaló que en años recientes, la inseguridad pública se ha agudizado, generando un ambiente de peligro y extorsión que limita seriamente la actividad productiva, tanto de personas físicas como de empresas.
En este sentido, el CEESP mencionó que con base en datos del Proyecto de Justicia Mundial y el Índice de Paz Global, México se ubica entre los principales países que han sufrido retrocesos en la prevalencia del estado de derecho, además de que se ubica entre las naciones con las tasas más altas de homicidio y con las ciudades más violentas del mundo.
Por otra parte, destacó que las instituciones encargadas de la prevalencia y fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país han sido amedrentadas y debilitadas por el gobierno e incluso amenazadas con su posible desaparición.
El análisis del CEESP afirma que un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias. Representa una base sólida para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad. Sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos humanos fundamentales.
“La mejoría en el Estado de derecho en el país es ciertamente una obligación del gobierno. Es un derecho de la sociedad que contribuye para ello y es un ingrediente indispensable para asegurar reglas claras para la inversión, que es la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía”, subrayó.
Asimismo, destacó que “la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos, la discrecionalidad en la asignación de proyectos de inversión en infraestructura, los problemas recurrentes de seguridad pública, de salud e incluso de educación son inquietantes para la sociedad. Esto es lo más importante, pero también para la certidumbre y confianza. Ello inhibe la inversión productiva y limita el crecimiento de la economía y por consecuencia, la generación de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados”.
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