Lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de las atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales.
Actos de violencia considerados como “atrocidades” acontecen cada vez con más frecuencia en el país, lo que refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo que requieren no sólo la atención de las autoridades, sino también que “la sociedad rescate su capacidad para conmoverse ante el cúmulo de horrores”, destaca un estudio de la organización de la sociedad civil Causa en Común.
De acuerdo al análisis Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, el colectivo hace un recuento de notas periodísticas que dan cuenta de hechos altamente violentos de enero a abril de este año con la intención de mostrar más que la exactitud de los números de estos eventos, hacer hincapié en la cantidad y naturaleza de los mismos.
El informe parte de definir que la “atrocidad” es el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Entre las categorías de las atrocidades se menciona a las masacres; fosas clandestinas, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; calcinamiento; tortura; linchamiento, violaciones agraviadas o en grupo; asesinatos de distintos grupos como son niños y adolescentes; mujeres (con crueldad extrema); defensores de derechos; periodistas; personas de grupos vulnerables; actores políticos y de funcionarios.
Asimismo, actos de terrorismo en los que se utiliza la violencia extrema y a veces ejecutando a personas a fin de infundir terror y atentar sobre la integridad física y emocional de la población y atentar contra la seguridad nacional.
En el recuento hecho por Causa en Común sobre los eventos catalogados como atrocidades aparecidas en notas periodísticas, destaca que de enero a abril de este año aparecieron publicadas mil 670; mil 940 eventos y tres mil 550 víctimas.
Con respecto a los estados donde se registraron más noticias de atrocidades el primer lugar lo ocupa Baja California, con al menos 158; seguido por Michoacán, con 145; Guanajuato, con 122; Puebla, con 85; y Guerrero, con al menos 82.
En contraste, las que reportaron el menor número de noticias sobre atrocidades fueron: Nayarit, con al menos 6; Coahuila, con 8; Aguascalientes, con 13; Ciudad de México, con 14; y Yucatán, con al menos 15.
El informe precisa que durante los primeros cuatro meses de 2022, se registraron periodísticamente al menos 150 masacres; 534 casos de tortura; 297 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y al menos 117 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. En promedio se registraron 16 atrocidades cada día.
Causa en Común destaca que la violencia y las atrocidades muestran un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva.
El informe subraya que “lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia de género, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social”.
En este sentido, Causa en Común afirma que a través de este estudio se pretende iluminar sobre los rasgos más oscuros de la sociedad, los cuales nunca deben ser ignorados, y por el contrario, el propósito de este recuento es rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante el cúmulo de horrores.
A fin de resolver esta situación, el colectivo considera que la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y federal reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias que padecen quienes laboran en las mismas como bajos sueldos y falta de capacitación, equipos e infraestructura.
Además, es necesario que los casos de atrocidades cuenten con investigaciones sólidas y sean resueltos.
Por otra parte, el colectivo dijo que son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policíacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
Resaltó que es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
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