En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Asimismo, advirtió que la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4.4 puntos porcentuales (28.7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214.7 millones de personas (34.7 por ciento de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2.6 puntos porcentuales (15.9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83.4 millones de personas.
Para aliviar esta situación, la secretaria ejecutiva de la CEPAL recomendó a los gobiernos de la región garanticen transferencias monetarias inmediatas para la población más vulnerable en la forma de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020.
Al advertir que es muy probable que la superación de la pandemia tomará tiempo, lo que dificultará la reactivación productiva y económica, Bárcena dijo que esta medida debe implementarse “inmediatamente”, pero debe tender a ser permanente de acuerdo con la situación de cada país.
Bárcena destacó que, para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos.
En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
Alicia Bárcena aseguró que “construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”, y destacó que uno de los elementos centrales en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud.
La titular de la CEPAL recalcó que para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible en la región, pero advirtió que no debe dejarse a nadie atrás, por lo que es necesario contar con un nuevo pacto social/fiscal como se menciona en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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