El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que en Nicaragua continúa el deterioro de las garantías fundamentales y que el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o lo critican, en una clara violación del derechos a la libertad de opinión y expresión.
Volker Türk hizo estas declaraciones durante el diálogo interactivo sobre Nicaragua celebrado en el Consejo de Derechos Humanos con motivo de la presentación de un nuevo informe del Grupo de Expertos que monitorea a ese país.
En ese marco, Türk lamentó que la situación no haya mejorado desde hace un año, cuando reportó sobre el tema y denunció, entre otros abusos, la persistencia de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de credo.
“Las personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno siguen siendo perseguidas y se les ha sometido a medidas que violan sus derechos humanos”, dijo.
Entre esas medidas mencionó las sentencias largas de prisión dictadas sin juicio en un sistema de justicia que carece de independencia; así como la deportación, la privación arbitraria de la nacionalidad y la prohibición de que personas nicaragüenses regresen a su país.
“Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país, son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades”, advirtió Türk.
Detalló que su Oficina ha documentado que 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente luego de ser juzgadas y condenadas sin las debidas garantías procesales.
Asimismo, indicó que el gobierno nicaragüense sigue limitando el espacio cívico y coartando las libertades individuales y colectivas.
“Ejercer el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible”, apuntó, especificando que desde agosto de 2022 se ha cancelado el estatus legal de más de 2000 organizaciones de la sociedad civil, para hacer un total de tres mil 394 organizaciones clausuradas de 2018 a la fecha.
Del mismo modo, se han cerrado doce universidades, algunas de ellas calificadas como “centro de terrorismo para organizar grupos criminales”, y se han confiscado varias escuelas de congregaciones católicas.
La libertad de religión y credo es otra de las garantías fundamentales transgredida de manera generalizada, con la Iglesia Católica como principal blanco de sanciones penales y administrativas arbitrarias, acoso y detenciones de sacerdotes y feligreses.
El Alto Comisionado precisó también que continúan practicándose la tortura y los tratos crueles contra los detenidos y manifestó gran alarma por la expulsión de los organismos internacionales con mandato para supervisar las condiciones de detención.
Türk agregó que muchos nicaragüenses han salido del país huyendo de la persecución constante e impredecible y aludió a los cerca de 46 mil que han solicitado asilo en Costa Rica entre 2022 y 2023.
Otra cuestión preocupante es el aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes, que incluyen asesinatos, ataques, quema de viviendas, robo de tierras y saqueo.
Türk destacó la falta de respuesta del gobierno y su negativa a cooperar con su Oficina y otros organismos y lo instó a demostrar que está al servicio de su pueblo, abriéndole los espacios para que participe libremente en la toma de decisiones.
Llamó también a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer la nacionalidad a quienes se les ha sido arrancada.
A la comunidad internacional le pidió que se esfuerce para influir en las autoridades nicaragüenses y que apoye a los refugiados y solicitantes de asilo.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reiteró las conclusiones de su primer informe, presentado en marzo pasado al Consejo de Derechos Humanos, es decir que desde abril de 2018, “el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otros, han estado llevando a cabo hechos que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
En línea con el Alto Comisionado, el Grupo también subrayó que las violaciones de las garantías fundamentales gozan de total impunidad y que todo el aparato del Estado es puesto al servicio de ese fin.
“Desde nuestro informe, esta situación ha continuado”, recalcó Jan-Michael Simon, el presidente del Grupo, quien se encargó de la presentación oral del documento.
Según los expertos, la situación general de los derechos humanos se ha agravado y se ha registrado una escalada de la persecución de la disidencia por parte del gobierno.
De acuerdo con sus observaciones, el gobierno está buscando extender su control sobre nicaragüenses que se encuentran fuera de su territorio, negándoles el reingreso a su país y privándolos arbitrariamente de su nacionalidad. “Disponemos de información sobre más de 300 despojados de su nacionalidad en lo que va de año”, acotaron.
“Otras violaciones incluyen la eliminación arbitraria de los registros de nacimiento, la confiscación arbitraria de bienes, incluidas sus viviendas, y la cancelación arbitraria de pago de derechos de pensión previamente adquiridas. También tenemos información sobre cómo las autoridades amenazan a familiares en Nicaragua y les privan arbitrariamente de derechos fundamentales”, abundaron.
El Grupo unió su voz a la del Alto Comisionado para instar al gobierno a cooperar con los organismos internacionales y permitirles el acceso al país.
En el mismo tenor, apeló a la comunidad internacional ampliar las sanciones contra instituciones y personas involucradas en la comisión de las violaciones y crímenes internacionales en Nicaragua.
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