“Los abuelos venezolanos pensionados, residenciados en el exterior, llevamos 15 meses sin cobrar”, se lee en la convocatoria de la manifestación que se llevará a cabo este sábado 4 de febrero en ocho ciudades de España, convocada por la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (Fapejuves).
Y es que la crisis humanitaria que vive Venezuela ha traspasado las fronteras, alcanzando incluso a los abuelitos residenciados en el exterior. Sólo en España, Fapejuves ha registrado 9 mil pensionados que desde finales del año 2015 no reciben el pago que les corresponde por derecho luego de haber trabajado una vida en Venezuela, de acuerdo al Convenio Binacional en Materia de Seguridad Social que fue firmado entre España y Venezuela en el año 1998.
Esta situación se repite en Italia, en donde el convenio binacional está vigente desde 1988. Lo mismo sucede en el resto de Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, o en cualquier país en donde resida un pensionado venezolano. “La mayoría son gente enferma, que depende de ese dinero para comer, para pagar su vida diaria”, dijo a Reuters Sonia Laborde, jubilada de 73 años residente en Chile.
Son más de 12 mil las almas que desde hace más de un año sobreviven gracias a la caridad de familiares y amigos. Muchos inclusive no tienen dinero para pagar el alquiler de una vivienda. Tal es el caso de Antonio Cataldo, quien ya tiene una amenaza de desalojo por no poder pagar el alquiler del apartamento en donde reside en Teggiano (Salerno, Italia). “Soy pensionado por invalidez desde el año 2.000 y tengo la pensión del Instituto Universitario de Tecnología Región Capital Dr. Federico Rivero Palacios. Me vine a Italia en septiembre del 2015 escapando de la situación del país, hice mi solicitud para el traslado de la pensión y a la fecha no he recibido nada”, dijo.
Pero el drama de Antonio Cataldo no se limita a la ausencia de la pensión, pues es viudo y tiene a su cargo una niña de 7 años. Desde que llegó a Italia no ha logrado conseguir trabajo, a pesar de que habla cuatro idiomas, es ingeniero mecánico graduado en Estados Unidos y posee estudios post universitarios. “Me he gastado todo lo que tenía, estoy a punto de que me saquen de mi casa, no tengo dinero, no tengo a dónde ir, sin un centavo y puedo perder a mi hija si me desalojan. Estoy atrapado sin salida”, expresó e indicó que lo más grave del drama de los pensionados en el exterior es el silencio. “Hay mucho cinismo de parte del gobierno venezolano, no nos responden”, puntualizó.
Situación que no sólo afecta a los venezolanos, también muchos italianos, españoles, portugueses y personas de otras nacionalidades que trabajaron en Venezuela toda una vida, ahora se encuentran desamparados en sus países de origen. En Italia, por ejemplo, Sandra Bucci ha asumido voluntariamente el trabajo de censar a los pensionados residentes y ha encontrado casos de italianos que tienen la pensión venezolana e igualmente han dejado de recibirla. “Hay muchas personas mayores de nacionalidad italiana que dependían de la pensión venezolana y ahora ni siquiera pueden pedir una ayuda social en Italia porque el gobierno italiano dice que no es culpa de ellos que el gobierno venezolano no pague y, al resultar que tienen una pensión de otro país, no pueden optar a otras ayudas sociales”, explicó.
Como el caso de Rossana Marinetti. Se regresó hace dos años a Italia, su país natal, y no sólo dejó de recibir su pensión venezolana, además el estado venezolano le quitó el dinero que había ahorrado de su pensión en bolívares y que mantenía en su cuenta bancaria en Venezuela, por no encontrarse en el país. “Tengo 3 operaciones en el corazón, es probable que tenga que hacerme una cuarta operación, y ahora no me pagan la pensión venezolana. Sólo la cita de control con un médico privado me cuesta 502€, porque si pido una cita en el sistema sanitario público italiano tengo que esperar más de 1 año para que me atiendan y con mi problema no puedo esperar”, dijo.
Un drama sin respuesta
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asfixia a los abuelitos en el exterior, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), institución responsable del pago de las pensiones en Venezuela, a la fecha no ha emitido ningún comunicado que explique a sus pensionados el porqué del incumplimiento de este derecho y que está llevando a las personas de la tercera edad en la diáspora a una crisis de niveles humanitarios.
“La única comunicación oficial resultó de un cruce de mensajes entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social de España (INSS) y el IVSS entre mayo y junio pasado. En ellos la institución venezolana argumentó que la falta de pagos se debía a los constantes ajustes cambiarios y la dificultad de la nación para producir divisas, líneas que la seguridad social española hizo llegar a los pensionados venezolanos”, indicó el periódico online venezolano Lapatilla.com, el pasado 10 de enero.
El mismo portal refirió además que algunos de los pensionados residenciados en Madrid lograron que el Consulado de Venezuela en la capital española emitiera una constancia que confirma la ausencia de los pagos correspondientes a todo el año 2016. Ya este documento no es posible obtenerlo, pues el gobierno venezolano prohibió su entrega, porque sin duda es una prueba de la violación de los derechos constitucionales de los abuelitos venezolanos por parte del gobierno de Maduro.
En una carta abierta publicada en la plataforma Change.org, la Comunidad de Pensionados y Jubilados residentes en el exterior (ASOPEX) denunció que han “acudido a las instancias que deben resolver este grave problema, incluyendo el Banco Central de Venezuela, el IVSS, Centro de Comercio Exterior de Venezuela (Cencoex), la Asamblea Nacional, Unasur y otros, sin obtener respuesta a nuestros planteamientos”. El 10 de octubre de 2016, la carta de denuncia pública alcanzó las 10 mil firmas y el coordinador de Asopex, Miguel Megias, anunció la entrega de la denuncia con las firmas a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch e incluso al Papa Francisco. Ya han pasado casi 6 meses y el problema del impago persiste, con el agravante del silencio cómplice de la comunidad internacional ante las evidentes y reiteradas violaciones a sus derechos humanos que sufren los venezolanos.
Pero la crisis de la diáspora venezolana no se limita a los abuelitos que no reciben su pensión, 25 mil estudiantes tampoco reciben sus remesas familiares en moneda extranjera porque Cencoex dejó de liquidar sus compromisos y ni hablar de las innumerables denuncias por la paralización de la emisión de los pasaportes de los venezolanos en el exterior. Con más de dos millones de venezolanos que han emigrado los durante los últimos años, en tiempos de la mal llamada “revolución”, podemos afirmar que existe una gran “emergencia migratoria humanitaria” de los venezolanos en el exterior. Emergencia que ya había sido denunciada por la Asamblea Nacional Venezolana con un acuerdo aprobado el pasado 27 de septiembre del 2016. Hoy la emergencia está más vigente que nunca y el silencio internacional es lapidante…
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