Washington, 16 May (Notimex).- El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, acusó hoy al mayor general Benavides Torres Mayor, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, y al ministro del Poder Popular, Néstor Reverol, de la represión, asesinatos y torturas en Venezuela.
En un nuevo escrito sobre la situación en Venezuela, Almagro señaló que la única salida a la crisis política en ese país es la realización de elecciones anticipadas y la restauración “urgente” del Estado de Derecho.
Almagro señaló que las Fuerzas Armadas “no pueden seguir matando y torturando gente impunemente” y recordó que “el asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional”.
“El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y el mayor general Benavides Torres tienen el mandato de dos de las instituciones encargadas de ejecutar la fuerza en Venezuela. En ese sentido, ambos son responsables de cada agresión, de cada tiro y de cada muerte”, sostuvo Almagro.
“La Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, mayor general Benavides Torres, son directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la libertad y torturado”, insistió.
Sostuvo que “la represión brutal” muestra a la Guardia Nacional como autor material de la violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso. “Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de cada muerto hay un responsable institucional”, indicó.
Asimismo, apuntó que los comandantes de zona para el orden interno de la Guardia Nacional Bolivariana son quienes tienen la responsabilidad directa de la represión.
“Ellos tienen a su cargo las unidades operativas en todos los Estados. Son ellos los responsables de la actuación de la Guardia Nacional en cada estado y quienes imparten las órdenes, e incluso los que apoyan y cubren a los grupos irregulares o paramilitares que actúan contra manifestantes”, añadió.
Almagro señaló en ese sentido que Venezuela atraviesa “una grave crisis social y política que es producto de la desinstitucionalización del país”. Al respecto señaló que el Poder Judicial venezolano ha roto el principio fundamental de independencia.
“Se ha transformado en un elemento esencial del organigrama de corrupción institucional instalado. Si la justicia no responde a los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho, ello precipita completamente el funcionamiento ilegitimo del Estado”, añadió.
Sostuvo también que el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, ha apartado a las fuerzas armadas de sus compromisos fundamentales: respetar la Constitución, las leyes y la propia institución, a la que ha transformado en un elemento fundamental de la ruptura del orden institucional del país.
“Es plenamente responsable de adherir a la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes pacíficos. Es plenamente responsable de aplicar la justicia militar a civiles que se manifiestan pacíficamente, todo ello bajo la falaz lealtad al régimen que quebrantó las instituciones”, indicó.
Decreta Maduro nuevo estado de excepción
Con fecha 13 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, renovó el decreto de Estado de Excepción que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para preservar el orden interno, según la Gaceta Oficial publicada el día de hoy.
El nuevo decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, y preservar el orden interno.
La norma señala además que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
También señala que el presidente Maduro “podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del presente Decreto e impedir la extensión de sus efectos”.
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”.
Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición, por lo que en esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.
El Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a partir del 13 de mayo de 2017, prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.
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