En América Latina el gasto en pensiones equivale, en promedio, al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el gasto público en salud alcanza el 4.1 por ciento del PIB.
La protección social del siglo XXI en los países de América Latina estará fuertemente condicionada por la informalidad laboral, la automatización y la digitalización de los procesos productivos, y especialmente por el envejecimiento acelerado de la población, que en los próximos 30 años la proporción de personas de al menos 65 años se duplicará, para alcanzar casi 18 por ciento, destaca el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020. “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”.
Al comentar este informe elaborado por el CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Santiago Levy Algazi, investigador Principal No Residente de Economía y Desarrollo Mundial del Instituto Brooking y exvicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró que la informalidad ha sido la causa por la que “los sistemas de pensiones de la región fracasaron, independiente de si son sistemas de reparto o sistemas de capitalización” y afirmó que “en el fondo estamos frente a un fracaso grande de la política pública”.
Apuntó que ante esta problemática es urgente que los países de la región prioricen la reflexión sobre por qué existe tanta informalidad en los países latinoamericanos, así como a pensar “qué tenemos que hacer para reducirla si queremos tener sistemas de pensiones que funcionen”.
A este respecto observó que muchas veces la clasificación de los trabajos formales e informales son inexactas, ya que se da el caso de que una misma persona a veces tiene un empleo formal y en otras no, y a lo largo de su vida laboral es posible que haya transitado varias veces entre los dos estatus, lo que le genera problemas al momento de documentar la antigüedad que suma para su pensión.
Levy Algazi mencionó que en muchos países de la región los sistemas de pensiones y los sistemas de salud están vinculados y existen determinados requisitos que deben cumplir para poder gozar de los beneficios de los mismos a futuro.
Indicó que de acuerdo con lo establecido en las reglas de sistemas para el retiro se marcan mínimos de semanas de cotización para poder alcanzar una pensión, que en el caso de México son 24 años, pero advirtió que lo que no se nota con suficiente cuidado es que también esos requisitos vinculan para el acceso a la salud, lo que tiene gran relevancia para la protección a futuro de las personas.
“Los que no tienen suficientes densidades de cotización para acceder a una pensión también son quienes se quedan sin servicios de salud cuando llegan a la vejez, y esto es profundamente inequitativo, porque los sistemas de salud son también un sistema de reparto, las cotizaciones de los que hoy están cotizando a la salud se utiliza para pagar los gastos médicos de los que ya se jubilaron, pero hay muchos trabajadores activos que están cotizando ahora para los sistemas de salud y de pensiones, pero cuando ellos lleguen a la jubilación no tendrán acceso a los servicios médicos, y cuáles son esos, los de menos densidades de cotización, los que están de menores salarios en empresas más chiquitas que están transitando masivamente”, explicó.
AL envejece con rapidez
El RED 2020 afirma que en América Latina es aún una región relativamente joven, pero no lo será por mucho tiempo. En la actualidad, algo más del ocho por ciento de la población de Latinoamérica tiene 65 años o más, muy por debajo del 18 por ciento de Europa, pero para 2050, se estima que la cifra se incrementará más de la mitad hasta alcanzar el 17.5 por ciento, y para finales de siglo superará el 30 por ciento.
De acuerdo con el estudio, las tendencias demográficas, y en particular el envejecimiento, tienen importantes implicaciones para los sistemas de protección social y su financiamiento. El desafío más importante en términos de financiamiento se asocia con el incremento del gasto público de los esquemas de protección para el adulto mayor debido al crecimiento de la población objetivo de estos sistemas.
En América Latina el gasto en pensiones equivale, en promedio, al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el gasto público en salud alcanza el 4.1 por ciento del PIB. No obstante, en muchos países de la región, los sistemas de protección social también enfrentan desafíos de cobertura y calidad, lo que a su vez supone presiones adicionales sobre sus gastos, señala el informe.
Para algunos países como Colombia y Argentina, el crecimiento proyectado del gasto en pensiones y salud en los próximos 40 años supera los 6 puntos porcentuales del PIB como resultado del fenómeno de envejecimiento. El componente de pensiones suele ser el que más crece, excepto en aquellos países que, como Chile, tienen regímenes de capitalización o que están transitando a esquemas de capitalización o mixtos.
En algunos países que están en este proceso de transición, como México, se espera que el gasto en pensiones caiga como porcentaje del PIB, a pesar del envejecimiento poblacional, indica el informe.
Asimismo, subraya que los fenómenos del envejecimiento y la informalidad son similares en el sentido de que ambos erosionan la base contributiva de los sistemas de protección social con relación al número de beneficiarios. “Los cálculos realizados en este reporte sugieren que la informalidad deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años”.
Además, advierte que “la informalidad implica que una elevada proporción de los hoy ocupados no están cubiertos por los esquemas de salud contributivos y corren el riesgo de no alcanzar el número de aportes necesarios para acceder a las pensiones contributivas cuando se retiren”.
En torno a la informalidad, el RED 2020 indica que entre 2005 y 2018, la informalidad se redujo en la región, con una caída en la proporción de asalariados informales de casi 9 puntos porcentuales. Sin embargo, la importante destrucción de empleo formal vinculada a la pandemia de la COVID-19 impone desafíos en esta materia, en la medida que el mercado de trabajo no reasigne en trabajos de calidad a los trabajadores que perdieron su empleo y estos se refugien en empleos de subsistencia.
Desafíos a enfrentar
El RED 2020 menciona que los principales retos en protección social que los países de América Latina deben buscar resolver son que todos los adultos mayores tengan un ingreso mínimo suficiente, que las pensiones sean financieramente sostenibles e incentiven a aportar, que haya mayor eficiencia del gasto en salud e integración de los distintos subsistemas.
Además, destaca que deben desarrollarse políticas de cuidados a los adultos mayores, y que deben impulsarse reformas para que los sistemas de pensiones y de salud sean graduales, se compense a perdedores y puedan combinarse los instrumentos.
Te puede interesar: Buenas, pero insuficientes reformas para las afores
