Washington, 3 Jun (Notimex).- Cientos de personas desafiaron hoy las altas temperaturas para participar aquí en la “Marcha por la Verdad” para demandar una investigación rigurosa sobre la presunta colusión entre el equipo del presidente Donald Trump y Rusia.
En contraste, apenas decenas de simpatizantes del presidente estadounidense se congregaron frente a la Casa Blanca en un mitin “Pittsburgh, No París” para apoyar al mandatario y celebrar su decisión de abandonar el acuerdo sobre cambio climático.
En la “Marcha por la Verdad”, celebrada en el Paseo Nacional, centenares de manifestantes portaban pancartas denunciando la cercanía entre Trump y su colega ruso Vladimir Putin.
Uno de las pancartas mostraba a ambos gobernantes abrazados y besándose, mientras que otra llevaba la leyenda “Queremos la Verdad”, junto a una fotografía del portavoz presidencial Sean Spicer.
Movilizaciones multitudinarias similares tuvieron lugar en otras ciudades de Estados Unidos, incluido en Nueva York. De acuerdo con sus organizadores, más de 130 ciudades del país realizaron algún evento contra Trump.
Por comparación, apenas decenas de personas que llevaban pancartas de la campaña Trump-Pence se hicieron presentes fuera de la residencia ejecutiva.
Los eventos tuvieron lugar en vísperas de la comparecencia del exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, ante el Comité de inteligencia del Senado, para testificar sobre sus interacciones con el presidente en relación al tema de Rusia.
Aunque inicialmente surgieron versiones sobre la posibilidad de que el presidente buscara bloquear el testimonio de Comey, funcionarios de su gobierno dijeron al diario The New York Times que no planeaba hacerlo.
Expertos legales coincidieron que el mandatario tiene un caso débil para invocar el Privilegio Ejecutivo, ya que ha comentado públicamente sobre sus conversaciones con Comey y tal decisión podría implicar “riesgos políticos serios”, según el diario.
El privilegio Ejecutivo es un poder reclamado por el presidente de Estados Unidos y otros miembros del Ejecutivo para resistir ciertas acciones del Legislativo, y la Corte Suprema convalidó parte de esa doctrina en 1974.
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