La propuesta y aceptación de Moro al “superministerio” de Justicia y Seguridad ha traído parabienes y críticas.
El juez que condenó por cargos de corrupción al expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva aceptó ser el próximo ministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien tomará posesión el 1 de enero de 2019.
Sergio Moro aceptó la invitación de Bolsonaro tras una plática personal entre ambos. Mencionó que la visión de estructurar una férrea agenda anticorrupción le hizo decidirse.
Por el hecho de integrarse al gobierno, Moro ya no tomará parte en las próximas audiencias del proceso que deberán ser desahogadas por otro juzgador.
La designación de Moro para el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad, que hace de este un superministerio que une las dos carteras, ha traído tanto elogios como críticas a Bolsonaro.
Los reproches provienen principalmente de los simpatizantes de izquierda que acusan parcialidad del juez hacia “Lula” y sus correligionarios, no obstante que dicho proceso llevó a enfrentar a la justicia a empresarios y políticos de diferentes signos y orientaciones políticas.
Sergio Moro encabezó el proceso que llevó a la prisión al expresidente en vista de una intrincada red de corrupción que implicó a grandes empresas, así como a la petrolera estatal, Petrobras, fuente de enormes de recursos para estas operaciones ilícitas.
La operación “Lava Jato,” o lava coches en español, puso al descubierto la red de sobornos para conseguir contratos de obra pública, en la que se encontraba implicada la empresa Odebrecht así como Petrobras. Hasta el momento hay unas 120 personas con sentencia condenatoria y otros siguen en espera de la decisión judicial.
El esquema de corrupción que desentrañó “Lava Jato” encontró hilos en diferentes países del contiene y ha hecho caer incluso a jefes de estado. En tanto que proceso judicial lo desahogaba Moro.
En Perú tocó a políticos como los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La onda expansiva dañó, inclusive, a Pedro Pablo Kuczynki, quien tuvo que dejar la presidencia al no aguantar la presión tanto del escándalo Odebrecht como de haber otorgado el indulto a otro expresidente: Alberto Fujimori.
Pero las sospechas también recayeron en la campaña Juan Manuel Santos en Colombia o en funcionarios del gobierno de Rafael Correa de Ecuador, así como en Otto Pérez Molina de Guatemala. En México se involucró a funcionarios del gobierno de Calderón; pero de manera particular en el exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya, ya durante el gobierno de Peña Nieto. Aquel fue señalado por Luiz Antonio Mameri, otrora funcionario de Odebrecht, por haber recibido 8 millones de dólares a cambio de favores futuros en declaraciones frente a la justicia carioca.
Toda la operación “Lava Jato” inició con uno de los delitos financieros valorados por Moro en el que se investigó a Alberto Youssef, quien lo ligó al exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ambos se convirtieron en informantes para lograr penas menores.
Explicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener grandes contratos de Petrobras, dinero que terminó en diferentes partidos políticos; pero principalmente en el Partido de los Trabajadores (PT), el de “Lula” Da Silva.
Los detractores de Moro consideran que sus métodos son en exceso coercitivos y rayan casi en la violación del estado de Derecho.
Sin embargo, para la mayoría de los brasileños, quienes han padecido los efectos de la corrupción en su país, la designación de Moro como próximo ministro de Justicia y Seguridad, significa una buena noticia y la esperanza de un ministerio abocado a llevar a Brasil a un auténtico estado de derecho.
Con información de BBC Mundo, ABC (Diario), Animal Político.
