Las clausuras de organizaciones de la sociedad civil que arbitrariamente lleva a cabo el gobierno nicaragüense afectan a quienes trabajan en favor de los derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, y quienes promueven valores democráticos.
El cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en los activistas y las personas defensoras de derechos humanos en todo el país, alertó un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una carta dirigida al gobierno nicaragüense, que encabeza Daniel Ortega, los expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”.
En la misiva, expresaron conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del gobierno que suma el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas sólo en junio de este año.
Si bien el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que entró en vigor recientemente.
En anticipación a la entrada en vigor de dicha ley, a través de un análisis legal los expertos señalaron que en particular la norma impone amplios procedimientos administrativos y de registro, como la divulgación de los datos de beneficiarios, y limita significativamente el financiamiento externo. Cabe señalar que hasta ahora, las autoridades no han enviado ninguna respuesta a las observaciones de la misiva de los integrantes de la ONU.
Uso indebido de leyes antiterroristas
Haciendo referencia a una tendencia mundial el panel de especialistas “lamentó observar, nuevamente, el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”.
Asimismo, indicaron que las clausuras no solo afectaron a organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático.
Las clausuras también afectan asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas.
“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo,” dijeron.
También expresaron su preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil. Cientos de activistas ya han huido del país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias, agregaron.
“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático,” dijeron los expertos.
Tortura, un verdugo presente
Por su parte, el Comité de la ONU contra la Tortura se mostró preocupado por la falta de investigaciones por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y los malos tratos, así como las desapariciones forzadas por parte de la Policía Nacional, agentes de paisano y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021.
El Comité instó a Nicaragua a llevar a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre estos actos y a proporcionar una reparación adecuada a las víctimas.
También pidió que Nicaragua avale las garantías legales de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para evitar la represión y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los líderes de la oposición política, y libere a los detenidos arbitrariamente.
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