El hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el cual aparentemente sirvió como campo de reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado, en el que se levantaban altares de culto diabólicos, se ubicaron hornos donde presuntamente se cremaron cuerpos humanos y se localizaron zapatos, ropa y mochilas, mudos testigos del horror que vivieron víctimas que fueron llevadas a ese lugar, ha causado asombro, desazón y dolor en México y el mundo.
Este descubrimiento hecho por las “madres buscadoras”, y no por las autoridades, parece ser la punta del iceberg en el que ha quedado demostrada la inacción de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Diversos sectores de la sociedad han externado su repudio a estos hechos que enlutan y lastiman profundamente a miles de familias que día a día esperan noticias de un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un padre o una madre quienes fueron privados de su libertad y llevados a un rumbo desconocido, en donde muchos de ellos han sido asesinados con inimaginable crueldad y otros permanecen no localizables.
La indignación y el dolor ha trascendido fronteras y frente a lo destapado por el hallazgo del Rancho Izaguirre, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que agrupa a partidos políticos y organizaciones comprometidos con la promoción de la democracia, la libertad, la justicia social, el humanismo cristiano y político en América Latina y el Caribe, condenó enérgicamente las “atrocidades, que incluyen torturas, asesinatos, desmembramientos y abusos sexuales”.
El organismo internacional consideró que estos hechos reflejan no solo el grave nivel de violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino también la preocupante negligencia -o incluso complicidad- de las autoridades mexicanas a nivel local, estatal y federal.
Destacó que las desapariciones en México han alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, lo que representa una grave crisis de derechos humanos que ha dejado a miles de personas no localizadas, muchas de ellas víctimas del crimen organizado, la trata de personas o abusos de poder por parte de las autoridades.
Frente a la tragedia por las desapariciones y el descubrimiento del Rancho Izaguirre, la ODCA exigió categóricamente al Estado mexicano la realización inmediata de una investigación profunda, imparcial y transparente que lleve a la detención, enjuiciamiento y castigo ejemplar de todos los responsables, incluyendo a servidores públicos que, por acción u omisión, hayan permitido la operación impune de este sitio.
Por otra parte, la organización internacional hizo un llamado a los organismos internacionales, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que se involucren activamente en la supervisión e investigación del caso y garanticen una respuesta efectiva, justicia real y reparación integral a víctimas y familiares.
Asimismo, solicitó a todos los partidos y organizaciones miembros de la ODCA en América Latina y el Caribe que se pronuncien firmemente contra estos hechos, generando presión internacional para romper con la impunidad que lamentablemente prevalece en México.
Finalmente, la ODCA reafirmó que no tolerará ni un sólo acto más de complicidad, negligencia o indiferencia frente a violaciones tan graves de los derechos humanos, al subrayar que su “lucha es por la justicia, la dignidad humana y la erradicación absoluta de la impunidad en América Latina”.
¿Crees que la presión internacional sea importante para que las autoridades mexicanas actúen en las desapariciones?
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