La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la composición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvará en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua, en el marco de las protestas sociales desatadas en abril pasado.
El grupo estará compuesto por el exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, y la jurista peruana Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, para la elaboración del Registro Único de Víctimas.
El equipo también integra a Pablo Parenti, exfiscal argentino de la unidad especializado para casos de apropiación de niños durante la dictadura militar, así como la jurista y exfiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien también fue parte del GIEI para el caso mexicano de Ayotzinapa.
El GIEI analizará las técnicas de las líneas de investigación abiertas, incluido el agotamiento correcto de algunas, y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, y asegurarse de que las figuras legales usadas encuadren en posibles ilícitos y sus responsables.
La comisión explicó que el grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo.
El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes será de seis meses y podrá extenderse por acuerdo de las partes involucradas: el gobierno, la sociedad civil representada en la mesa de diálogo y la propia CIDH.
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que fue instalado en Nicaragua el 24 de junio, la comisión dará seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
El MESENI da seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las observaciones preliminares del grupo de la CIDH, que realizó una visita a Nicaragua en abril pasado, y el cual fue origen al informe que presentó dos semanas atrás ante el Consejo Permanente.
En ese informe, que fue repudiado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, la CIDH denunció la existencia de un patrón desmedido de uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden para reprimir las protestas sociales que tienen lugar en aquella nación centroamericana, que ha dejado más de 200 muertos.
