Caracas, 5 Abr (Notimex).- La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela acordó hoy el inicio del proceso de remoción de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aprobaron una sentencia que anuló las funciones del Legislativo y que diputados señalaron como golpe de Estado constitucional.
La moción presentada por el diputado Juan Miguel Matheus fue aprobada este día por unanimidad y frente a los escaños vacíos del oficialismo, ya que sus legisladores se retiraron antes de la votación.
El acuerdo aprobado, que da inicio al proceso, ratificó el contenido de una solicitud presentada a la Fiscalía General el viernes pasado para iniciar a calificación de falta grave por parte de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
La resolución acordó emplazar a la fiscal general, Luisa Ortega, para que inicie la causa contra los magistrados por supuestas acusaciones que podrían configurar delito.
El debate de este día se dio en medio de declaraciones del presidente del TSJ, Mikel Moreno, diciendo que la Asamblea no tiene la legalidad ni legitimidad para destituir a los magistrados.
El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, acusó a la facción legislativa mayoritaria de cometer un golpe de Estado, defendiendo la tesis oficial de que la Asamblea no tiene atribuciones para remover a los magistrados.
“Necesitan mayoría calificada, contar con las dos terceras partes y previamente se debe tener la solicitud de remoción de los magistrados del Poder Ciudadano y no cuentan con ello”, dijo.
Rodríguez citó un artículo de la Constitución que señala que el procedimiento contra los magistrados lo debe comenzar el poder Moral (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría) previa consulta con el magistrado cuestionado.
Sin embargo, el diputado Carlos Berrizbeitia replicó que en 2006 la Asamblea Nacional destituyó al magistrado Luis Velázquez directamente y que el líder de la Asamblea entonces era el actual presidente Nicolás Maduro.
Según la oposición, el procedimiento debe provenir de la Fiscalía, que con el aval de una declaración de falta grave debe solicitar el proceso contra los magistrados.
Aunque la Asamblea decida remover a los magistrados, la declaración del TSJ de que el foro legislativo está en desacato genera dudas acerca de si los diputados podrán aplicar su decisión y que esta sea reconocida por los otros poderes.
El TSJ se adelantó al alegar el martes que la Asamblea sigue en desacato, una situación con la que ha anulado todas las decisiones del legislativo.
La Sala Constitucional emitió la semana pasada dos sentencias limitando la inmunidad de los diputados y asumiendo las funciones de la Asamblea, con el alegado de que están en desacato.
Después que la fiscal general denunciara que las sentencias significaban una ruptura del orden constitucional, el TSJ las corrigió y emitió otras sustituyéndolas. La Asamblea sostiene que el golpe de Estado perpetrado por las sentencias no pueden ser corregidas.
En la sesión de la Cámara, la mayoría opositora también aprobó una declaración en rechazo al golpe de Estado “continuado” del TSJ contra la Asamblea, electa en diciembre de 2015.
El acuerdo señala que el golpe del TSJ comenzó después de conocerse los resultados de las elecciones legislativas y que el pueblo dio a la oposición la mayoría de 112 de los 167 escaños.
La resolución destaca que desde esa fecha el TSJ ha emitido más de 55 sentencias con las que anuló todas las decisiones del Legislativo, con el alegato de que tres diputados de la región de Amazonas fueron cuestionados por el oficialismo.
“Aquí sigue el golpe continuado, las sentencias 157 y 158 (que corrigen las polémicas anteriores) no existen. El TSJ dice que la Asamblea sigue en desacato”, dijo el diputado Henry Ramos Allup, impulsor del acuerdo.
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