“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen, mientras el mundo aparta la vista” aseguró la oficina del ACNUDH al publicar un informe de la crisis que vive Nicaragua.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió hoy medidas específicas para evitar disturbios sociales y políticos aún más graves en Nicaragua, donde el grado de represión es tan alto que muchas personas han optado por esconderse o huir.
La Oficina del ACNUDH publicó un informe sobre los cuatro meses de crisis socio-política en Nicaragua, país en el cual “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen, mientras el mundo aparta la vista” y la violencia e impunidad han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país.
Los nicaragüenses viven en un contexto de miedo y desconfianza, lamentó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien instó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la situación de los derechos humanos empeore aún más.
Refirió que el grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en las protestas iniciadas en abril, defendieron los derechos de los manifestantes o simplemente expresaron opiniones disidentes se han visto obligadas a esconderse, a salir del país o a intentar hacerlo.
Cualquier medida que se adopte debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad, declaró.
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El informe, que abarca del 18 de abril, cuando comenzaron las protestas, y el 18 de agosto pasados, documenta violaciones y abusos de los derechos humanos como el uso desproporcionado de la fuerza policial, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Torturas y malos tratos, y violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica, son otras violaciones de las que da cuenta el informe, que identificó tres fases de la crisis, la primera que fue la represión de las protestas por la policía y algunos elementos armados progubernamentales.
La segunda fue de “limpieza”, de mediados de junio a mediados de julio pasados, en la cual la policía y los elementos armados progubernamentales, entre otros las denominadas “fuerzas de choque” y las turbas, desmontaron violentamente las barricadas y los tranques.
La tercera fase, aún en curso, es la persecución y penalización de manifestantes y otras personas consideradas opositoras al gobierno, y hasta el 18 de agosto al menos 300 personas han sido imputadas, con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o haberlas apoyado.
Estos juicios adolecen de graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales, expone el informe y menciona que funcionarios, incluidos docentes y médicos, han sido cesados en sus cargos y a quienes se les considera críticos se les acosa, intimida y hasta agrede.
El reporte indica además que los elementos armados han actuado con el beneplácito de las autoridades estatales y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada, “aunque el gobierno ya no niega la existencia de elementos armados, si aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.
Apunta que, según diversas fuentes, entre mediados de abril y mediados de julio unas 300 personas murieron y otras dos mil sufrieron heridas por la violencia, y que la mayoría de ellos fueron hombres menores de 30 años, lo que refleja el perfil medio de los manifestantes: estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.
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Señala también que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular de la Policía Nacional) fueron agredidos y murieron 22 policías.
“El grado de brutalidad de algunos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, reza el informe y destaca como preciso que se investiguen estos abusos “que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado”.
El ACNUDH llama al gobierno a cesar de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas; le pide que disuelva y desarme a los elementos progubernamentales, suspenda los arrestos ilícitos y ponga en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.
Asimismo, que adopte medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura y reanude de manera positiva el Diálogo Nacional con representantes de los diversos sectores, con miras a lograr acuerdos basados en los principios de la democracia y los derechos humanos.
