Hasta 2017, en el mundo había 2.7 millones de niños que vivían en instituciones infantiles y orfanatos, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En México hay más de 30 mil niños que, por algún motivo de abandono o maltrato, viven bajo la tutela de alguna institución de asistencia social que se encarga de brindar a los menores casa, vestido, alimentación y educación, pero les falta lo esencial: un papá y una mamá.
Bajo el cuidado del Estado, por medio de instituciones de asistencia social, los menores son criados en lugares en los que, si bien son atendidos correctamente, no tienen las figuras paterna y materna, esenciales para su pleno desarrollo.
Los menores conviven con otros niños y adolescentes que tuvieron que ser separados de sus familias o fueron abandonados; lo más cercano a un papá o una mamá son las personas que atienden el albergue, pero la atención es general, para todos los menores que habitan en el lugar.
Debe ser prioritario mantener a los pequeños juntos a sus padres, especialmente durante sus primeros años, indica un documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Y es que, los niños, que ya de por sí son vulnerables al estar lejos de su familia, en dichas instituciones corren mayor riesgo de violencia, abuso y daño en su desarrollo cognitivo, social y emocional, explica el organismo internacional encargado de vigilar el desarrollo de los niños.
En el artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se expresa que los menores tienen derecho a vivir en familia.
“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, salvo que medie orden en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez”, se estipula en la ley.
En ese sentido, la institucionalización de los menores implica un problema de derechos, señaló Luis Peña Cruz, jefe del Departamento de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tlaxcala.
Cuando el Estado separa a los menores de sus familias y son ingresados a una institución para su cuidado –aunque sea por una causa justificada– ello implica afectaciones emocionales e inclusive traumas para los niños y los adolescentes.
En las casas de asistencia, los menores pasan años hasta que pueden reintegrarse a una familia, en ocasiones no sucede, se crían en orfanatos: no son formados en familias, sino en instituciones.
“Le urge a 30 mil niños salir de las instituciones de cuidado que tiene el Estado. Aunque estén muy bien, aunque coman muy bien, los niños y las niñas necesitan una familia, no una institución”, expresó Peña Cruz.
Explicó que si bien la institución puede tener una intervención temporal legítima, “no puede haber legitimidad cuando un niño o una niña ha permanecido 10 años en un centro de atención social”, porque, en ese sentido “¿qué ha hecho el Estado para evitarlo?”, cuestionó.
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Los niños tienen derecho a vivir en familia
Durante el Congreso de Política Familiar, Luis Peña Cruz recordó tres legislaciones para restituir a los menores el derecho de vivir en familia:
– Reintegrar a los niños a su familia de origen o con la familia extensa.
En el primer caso, el menor debe regresar con sus tutores una vez que éstos sean aptos para el cuidado del niño. Por ejemplo, si un infante fue separado de sus padres porque ellos padecían alguna adicción, una vez rehabilitados, el niño tiene el derecho de tener a sus progenitores de vuelta, atendiendo el derecho del menor a vivir en familia y no viceversa.
En el segundo caso, es una alternativa después de que se evalúe que la familia de origen ya no es adecuada para cuidar al menor de edad, es necesario buscar la familia extensa –abuelos, tíos, primos–, alguna red familiar con el objetivo de garantizar el derecho de vivir en familia.
Pero en este caso, también se debe evaluar la idoneidad de los familiares para que los derechos del niños sean efectivos: derecho a vivir en familia, al sano desarrollo integral, a condiciones de bienestar, a una vida libre de violencia, detalla Peña Cruz.
– Acogimiento familiar.
Consiste en que personas que no son familiares biológicos del niño, reciban temporalmente a algunos de los 30 mil menores que se encuentran en albergues, con el objetivo de garantizar el derecho de vivir en familia, en lo que puede regresar a su familia de origen.
– Adopción.
El funcionario del DIF Tlaxcala considera la adopción como la medida más radical, ya que el niño cambia drásticamente de ambiente de desarrollo.
En cualquiera de los procesos, Peña Cruz, subraya que se debe cuidar la forma en que se llevan a cabo, “porque si en algo no pueden fallar los Estados es en sus sistema de adopción porque es cuando la persona menor de edad queda bajo el total cuidado de una institución”.
En ese sentido, el Estado es el que decide cómo restituir al menor el derecho de vivir en familia: debe ser una decisión diligente e idónea, que no afecte el interés superior de la niñez, precisa.
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