Alto al Secuestro señaló que estamos normalizando la violencia contra las víctimas del delito, ya que no sólo son agredidas por los delincuentes, sino que en muchas ocasiones también por la misma autoridad.
“Ante la ola de violencia que vivimos en nuestro país, las víctimas del delito estamos más desprotegidas que nunca”, así lo señaló la organización de la sociedad civil Alto al Secuestro. En conferencia de prensa señalaron que a pesar de haber realizado diversas propuestas para que la Ley General de Víctimas sea efectiva, durante la actual legislatura no han encontrado voluntad política en el Congreso de la Unión para hacerlo.
Ante los medios de comunicación, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación, señaló que la inequidad entre víctimas del delito y víctimas del sistema que argumentan violaciones a derechos humanos, es evidente a todas luces.
Mencionó que las víctimas del delito del secuestro actualmente no cuentan con asesores jurídicos suficientes, además que se les obliga a tener una sentencia definitiva para obtener la reparación del daño, lo cual puede llevar más de 10 años.
Señaló además que el límite de reparación del daño que pueden recibir las víctimas es de 1 284 250 pesos, y que durante 2018 a 503 personas por reparación del daño se les entregaron 215 900 millones de pesos, es decir, un promedio de 429 000 pesos por persona.
En contraparte, Miranda de Wallace lamentó que en el caso de las “víctimas del sistema”, los delincuentes de señalan violación a sus derechos humanos cuentan con defensores de oficio preparados y con salarios dignos, además que “basta con una recomendación de alguna comisión de derechos humanos para que reciban reparación del daño”, la cual tarda algunos meses.
Aseguró que esta reparación del daño no tiene límite y que está probado “que reciben cantidades de varios millones de pesos”.
De igual manera dio a conocer que durante 2018, bajo el concepto de reparación del daño, se entregaron 479 800 millones de pesos a 552 presuntos delincuentes víctimas de violación a sus derechos humanos, lo cual es un promedio de 869 000 pesos por persona.
Mencionó que como si no fuera suficientemente redituable la ley para los delincuentes que se dicen víctimas de violaciones a derechos humanos y para sus defensores, ahora un senador de Morena, del cual no proporcionó nombre, propone una iniciativa que abre la puerta para que delincuentes se queden con fondos ayuda destinados a víctimas del delito.
De acuerdo con Isabel Miranda dicha iniciativa contempla que cualquier persona que se diga víctima pueda ser inscrita en el RENAVI (Registro Nacional de Víctimas) sin que pueda ser obligada a presentar una denuncia o queja a derechos humanos para recibir el estatus de víctima, además de que puede acceder a los fondos de ayudas inmediatas.
Además no contempla sanciones para los Estados que no tengan su Comisión de Atención a Víctimas, su fondo y sus asesores jurídicos.
En ese sentido, externó como preocupante el incluir en diversos artículos la palabra “desplazamiento forzado interno” sea utilizado para echar mano de los recursos destinados a víctimas del delito ahora en el tema de migrantes. “No nos oponemos a que se atienda a migrantes pero sí a que se tomen los pocos recursos que hay de víctimas del delito para hacerlo”, precisó la activista.
Miranda de Wallace dijo que “no dejaremos de insistir en que los victimarios no pueden ser indemnizados ni con los Fondos ni con la Ley que protege a víctimas del delito, deben tener su propia regulación y hacer responsable de resarcirles el daño, en caso de comprobarse, a la autoridad que se los causó. De lo contrario, las prácticas de violaciones a derechos humanos seguirán ocurriendo, ya que no habrá consecuencias para quien las cometa, y esta ley seguirá siendo un cheque en blanco para los victimarios y sus defensores”.
En cuanto a las cifras del secuestro durante el mes de marzo de este año señaló que hay una disminución del 13.3% en las carpetas de investigación por secuestro reportadas, respecto al mes de febrero, pasando de 187 a 162.
También dijeron que hubo una disminución del 7.2% en el total de víctimas de secuestro, respecto al mes de febrero, ya que bajó de 207 a 192 víctimas.
En cuanto a los detenidos por este delito, hubo un incremento del 7.3% con respecto al mes de febrero, ya que pasó de 136 a 146 detenidos.
Señaló que los estados con mayor incidencia en materia de secuestro son Veracruz con 37 víctimas, Estado de México con 32, Puebla con 12, Ciudad de México con 10; y los estados de Michoacán, Morelos y Tamaulipas con seis respectivamente.
Finalmente mencionó que los estados libres de secuestro son: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí y Yucatán.
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