En México, se presentan alrededor de 30 casos de reportes de extorsión al día, un delito que se incrementa cada vez más y que padecen tanto personas en lo individual como empresas a quienes a través de llamadas, mensajes y “cobro de piso” los delincuentes intimidan a sus víctimas generando incertidumbre y frenando el desarrollo del país.
Ante esta situación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó la urgente creación de una Ley General de Extorsión para coordinar autoridades, unificar modalidades y sanciones, y combatir eficazmente este delito, cuyo crecimiento descontrolado afecta gravemente a empresas y ciudadanos.
Destacó que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la “falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales”. En este sentido, señaló que en algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República impide respuestas efectivas.
El organismo empresarial calificó como alarmante la cifra negra de la extorción, la cual según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian debido al miedo a represalias de criminales y funcionarios. Subrayó que en algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno.
Apuntó que sólo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, 13.3 por ciento más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
Además, destacó que según cifras oficiales, en 2023 el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de seis mil 933 pesos por víctima.
Delito lacerante
El sindicato empresarial recordó que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero afirmó que lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.
Además, sostuvo que cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas.
La Coparmex indicó que se opone a que este delito sea incluido en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos.
Por otra parte, sugirió que se reforme el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
Asimismo, hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno, toda vez que consideró “urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”.
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