Con un apabullante mayoría el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), desestimó un exhorto para solicitar a las dependencias del gobierno federal informaran a cerca de la adquisición y uso del malware Pegasus, sobre el cual se presume han sido realizadas intervenciones de comunicaciones telefónicas a periodistas y defensores de derechos humanos.
Segunda Sesión Ordinaria de este Sistema, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard Mariscal, fue quien realizó la petición al Comité Coordinador, compuesto por Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación; Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, y Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal.
Peschard consideró que de confirmarse que las autoridades espiaron a los comunicadores y a los activistas, se trataría de una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la privacidad e incluso podría configurarse el delito de peculado, por lo que consideró de gran importancia contar con toda la información oficial al respecto.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, dijo que no podrían aprobar un exhorto en los términos propuestos porque el caso debe ser investigado primero por las autoridades competentes.
“Prácticamente nuestra función no es la operación práctica de los casos concretos, pareciera ser la que la PGR o el futuro Fiscal Anticorrupción tienen la facultad de poder hacer la investigación, y ya estando los casos concretos con evidencias o instrumentado por la autoridad competente, entonces si tendríamos el caso concreto para poder hacer una recomendación o exhorto, para la aclaración pública de algo que ya esté acreditado”.
Por su parte, Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, afirmó que “no está ni remotamente probado, ante nadie ni mucho menos ante autoridad competente” el supuesto espionaje gubernamental, por lo que las autoridades deben investigar el caso sólo si se confirma que existe delito por perseguir, pero “no está probado ante nadie”, insistió.
De esta manera, al momento de la votación se emitieron cinco votos contra, y el voto a favor de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard.
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