De acuerdo con el reporte de México Evalúa, 4 de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso penal, así como haber solicitado medidas de protección. Únicamente 44% de las personas sentenciadas fueron presentadas ante un Juez de Ejecución al ser privadas de la libertad, mientras que 45% nunca han acudido ante él.
México Evalúa presentó su reporte: “Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio: un primer acercamiento para medir la situación de los derechos humanos en el sistema de justicia penal acusatorio”.
En conferencia de prensa, señalaron que la encuesta fue implementada inicialmente en Guanajuato y Querétaro. Para ello se realizaron, durante los meses de julio y agosto de este año, 346 entrevistas tanto a víctimas como a personas privadas de la libertad, sentenciadas por diversos delitos, en centros penitenciarios y centros de atención a víctimas.
“Es tiempo de jubilar la noción de que el éxito de la reforma penal se mide por su impacto en la seguridad; en cambio, requerimos evaluar rigurosamente cómo las instituciones están respondiendo al desafío de asegurar efectividad, eficiencia y transparencia en la justicia, garantizando por igual los derechos humanos de víctimas e imputados”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa, durante la presentación de los resultados de la encuesta.
Por su parte, María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, mencionó que “aunque en lo normativo la transformación del sistema de justicia buscó proteger los derechos de las víctimas, la evaluación apunta a que estamos aún lejos de la materialización de estos objetivos, tanto en el ámbito federal como en el local.” Enfatizó que, dentro de esta discusión, un error común ha sido considerar la protección de derechos de víctimas e imputados como un juego de suma cero: “cuando se vulneran los derechos de una de las partes no implica mayor protección de la otra parte, sino que nos habla de las deficiencias y vicios institucionales”.
Precisó que, por las condiciones en las que se dio el muestreo, los resultados de la encuesta no pretenden ser representativos de la población de víctimas e imputados. Este primer acercamiento permite identificar aprendizajes relevantes, tanto para la realización de este tipo de estudios, como sobre la experiencia de los usuarios del sistema.
Así, entre los hallazgos destacan las deficiencias en los mecanismos de asesoría, atención y reparación integral a las víctimas. Al observar que los recursos provistos por el Estado imponen trabas burocráticas y no se están ejerciendo, llamaron a agilizar y simplificar el ingreso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) para posibilitar procesos de atención, acompañamiento y reparación oportunos.
“Condicionar el ingreso de quienes han sufrido un delito al RENAVI a la presentación de una denuncia penal o a la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos acentúa su condición de vulnerabilidad”, advirtió María Novoa.
El reporte también da cuenta de un desconocimiento por parte de las víctimas sobre la figura del asesor que les puede acompañar durante el proceso, y de que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y de los fondos de ayuda no han cumplido con garantizar los derechos de éstas en el proceso. Por ello, el reporte recomienda revisar y, en su caso, rediseñar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; asegurar la coordinación efectiva entre ésta, las Comisiones Estatales y los operadores del sistema; y operar efectivamente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Por parte de los imputados, se destaca que persisten deficiencias y vicios en la operación de los procesos penales que propician violaciones a sus derechos humanos. Una manifestación de este problema es el escaso uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que una medida importante será consolidar las unidades de seguimiento que podrían incentivar el uso de estos mecanismos. También se alerta respecto a que el momento de la detención es el punto crítico del proceso penal, pues las entrevistas dan cuenta de que en las horas siguientes a ésta se producen las mayores violaciones a los derechos humanos y hay una mayor propensión a actos de corrupción. Ante esto, además de insistir en el fortalecimiento de capacidades de los operadores, recomiendan mejorar los mecanismos de denuncia y seguimiento de los actos de tortura y malos tratos.
Las autoras también concluyen que el ámbito penitenciario continúa siendo uno de los mayores rezagos del proceso de cambio iniciado en 2008; la encuesta indica un desconocimiento por parte de los sentenciados respecto a la función del Juez de Ejecución Penal y de los mecanismos disponibles para proteger sus derechos durante la reclusión.
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