México, 10 Mar (Notimex).- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enfrenta el reto de comunicar de manera eficaz a los ciudadanos sus alcances, limitaciones y ámbitos de acción, pues de lo contrario corre el riesgo de generar una percepción deficiente o incompleta.
La Auditoría Superior de la Federación señaló lo anterior en su Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, donde analiza la implementación del SNA que, además, enfrenta la dificultad técnica de adoptar una nueva visión sistemática para combatir la corrupción.
Planteó que es preciso evitar una visión reduccionista del problema de la corrupción para no limitarlo a un tema de carácter moral y se requieren controles rigurosos para obtener el resultado.
Sin embargo, “el establecimiento de este entorno, pese a ser una parte sustancial de la solución, no representa, en primera instancia, la solución que la gente está esperando”.
Además la Auditoría advirtió que la ciudadanía no es el único grupo que puede tener una actitud de escepticismo respecto al SNA; algunos funcionarios públicos pueden mantener inercias administrativas o adoptar prácticas incluso contrarias a esta modernización.
Hasta ahora, anotó la ASF, la corrupción se ha atendido con sanciones posteriores a las conductas; pero ahora se pretende que la prevención sirva para evitar acciones negativas del presente y del futuro.
Esta política demanda, entre otras acciones, implementar medidas de control, revisión de la integridad, detección de riesgos, políticas de máxima publicidad y transparencia, involucramiento de las instancias de vigilancia de la sociedad, así como evaluación y monitoreo de varios temas.
Esto es, en una palabra, crear una nueva cultura administrativa, que exige la colaboración del aparato burocrático, para generar una conciencia distinta en el funcionario público orientada esencialmente al servicio al ciudadano.
Sin embargo, como a nivel local los estados deben replicar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, en estados y municipios se observan dificultades prácticas.
Por ejemplo, el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, la debilidad institucional, la escasez de recursos y la elevada rotación de personal, son algunas de las dificultades que pueden entorpecer la aplicación de los sistemas locales anticorrupción, finalizó.
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