Con la elección del Fiscal General todos hemos perdido una gran oportunidad para realizar una designación a partir de estándares internacionales; por el contrario hemos sido testigos de un retroceso grave sobre elementos ya garantizados en legislaturas anteriores.
El proceso por el que fue nombrado Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República es producto de un proceso sumamente cuestionado y apresurado que confirma la poca independencia de quien fue elegido con respecto del Ejecutivo Federal, señaló el organismo México Evalúa.
Mencionaron que resulta lamentable que a pesar de la disposición de la sociedad civil para aportar elementos de certidumbre al proceso, los legisladores hayan recurrido a “prácticas viciadas que no hacen más que alejarnos de una justicia en la que las y los mexicanos podamos confiar”.
Desde el inicio del proceso de selección del primer fiscal, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, insistieron en la poca certeza que brindaba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado. Principalmente en lo referente a la debilidad de los estándares relacionados con el mérito, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. “Estos elementos son indispensables para dotar de legitimidad la designación de la persona que será responsable por los próximos nueve años de garantizar justicia, combatir la corrupción y acabar con el ciclo de impunidad que prevalece en el país”.
Manifestaron que esta decisión y la manera en la que fue tomada confirman una designación ya definida con antelación, en un proceso que fue ajustándose sobre la marcha y que atentó seriamente contra la certeza jurídica y la confianza ciudadana en la decisión. La falta de transparencia sobre los criterios bajo los cuales se realizó la valoración de los 27 perfiles, primeramente, y de la terna, posteriormente por el Ejecutivo y el Senado; así como el poco cuidado con las formas y tiempos apresurados evidenciaron el desdén de los órganos legislativo y ejecutivo por la deliberación pública y por una efectiva rendición de cuentas sobre esta relevante decisión.
Por tal motivo aseguraron que tanto el Senado como el presidente de la República le quedan a deber a la sociedad para avanzar hacia una fiscalía plenamente independiente. “Todos hemos perdido una gran oportunidad para realizar una designación a partir de estándares internacionales; por el contrario hemos sido testigos de un retroceso grave sobre elementos ya garantizados en Legislaturas anteriores. En su lugar, se privilegió la cercanía y la reproducción de prácticas que no abonan a transformar el país que merecemos”.
A pesar de ello dijeron que se mantendrán en una posición de acompañamiento crítico del proceso de implementación de la nueva Fiscalía General de la República, así como del desempeño del nuevo fiscal general. “Deseamos recordar a la opinión pública que durante las mesas que condujeron a la redacción de la nueva Ley orgánica de la FGR se acordaron una serie de reformas constitucionales pendientes necesarias para un mejoramiento paulatino de la eficacia de la nueva FGR”. Ante ello hicieron un llamado a los legisladores para que cumplan su palabra “y llevemos a cabo este trabajo de manera conjunta en el siguiente periodo ordinario de sesiones”.
Te puede interesar: Gertz Manero primer Fiscal General de la República
