Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis en México. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza, de acuerdo a las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
Durante la presentación del informe ejecutivo de esta consulta, los directores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), instituciones que elaboraron dicho análisis indicaron en que los retos para el país son enormes en este rubro
La Consulta también refleja importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio. De igual manera, se perciben problemas en la organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplean.
“No sugerimos ajustes menores, ni parciales. No pensamos que lograr justicia sea una misión de una generación venidera. Queremos y merecemos justicia hoy para todas y todos en México”, afirmó Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ-UNAM.
Gerardo Laveaga, Director del Inacipe, enfatizó que es urgente llevar al cabo las reformas que permitan a nuestras instituciones aplicar con eficacia las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal.
Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, puntualizó que “se requiere una reforma integral a la Constitución que mire no sólo a la Fiscalía General, sino a la articulación de todas las instancias que participan en la procuración e impartición de justicia, todo ello en el marco del sistema acusatorio”.
Por su parte, María Amparo Casar dijo que “no hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una oposición que busca llegar al poder sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos”.
El informe fue presentado en un evento al que asistieron representantes de los tres poderes de la Unión, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional Electoral, representantes de autoridades locales, empresarios y miembros de la sociedad civil.
Con información de La Crónica de Hoy
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